Los letrados de las once acusados de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal con fines de explotación sexual, de determinación coactiva a la prostitución y de falsedad en documentos oficiales, y para los que el Fiscal pide más de 80 años de prisión, han solicitado en la primera celebración del juicio este lunes la nulidad de las escuchas telefónicas porque creen que la Policía las intervino sin base indiciaria basándose en una sentencia del Tribunal Supremo emitida el pasado mes de julio, una cuestión con la que la Fiscalía ha discrepado.

En esta primera sesión, celebrada en la sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, ocho de los once acusados han negado los hechos, sin embargo tres de ellos, acusados de falsedad de documento oficial, se han conformado con los hechos pero no con las penas.

Los supuestos cabezas de la trama, el matrimonio formado por H.P., y T.G.J., y H.G., y J.B —que trabajaba en un club de Badajoz—, han negado los hechos, las conversaciones telefónicas y que controlaran u obligaran a mujeres nigerianas a prostituirse, y otro de ellos ha negado que practicaran el rito vudú. Otro de los acusados ha asegurado que mandaba dinero a Libia pero a la familia de su novia, que vivía allí, no a ninguna organización. A su vez, la mayoría ha manifestado que llegó a España con pasaporte, excepto uno de ellos que llegó en patera.

No obstante, el fiscal considera en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que cuatro de los acusados, el matrimonio formado por H.P., y T.G.J., y H.G., y J.B., con antecedentes penales y todos nacidos en Nigeria, desde el año 2007 formaban una organización estable cuya finalidad era facilitar la llegada a España de mujeres nigerianas con la finalidad de hacerlas objetos de explotación sexual, forzándolas a prostituirse en diversos clubs de alterne hasta que hicieran el pago total de la supuesta deuda contraída con los acusados como consecuencia de haberlas traído al territorio español, accediendo las mismas bajo la promesa de ofrecerles un trabajo en tareas domésticas, el sector agrícola o similares.

A su vez, los procesados, bajo la práctica de rituales vudú, les decían que esta práctica conllevaba de modo implícito la advertencia de que en caso de incumplimiento o de revelar hechos, podría acarrearles consecuencias negativas para ellas mismas o sus familiares.

El resto de los procesados eran conocedores de los hechos. Concretamente, en el mes de agosto, los cuatro primeros acusados a través de otra persona, A.O., contra el que no se dirige el presente escrito al ser residente en Nigeria, lograron contactar con una de las testigos protegidos, a quien el citado convenció para que viniera a España con la promesa de facilitarle el viaje y de buscarle un trabajo aquí, debiendo la misma pagar en el plazo de tres años 50.000 euros para saldar dicha deuda contraída por las gestiones que la organización haría en su favor, convenciendo del mismo modo a otra mujer también de nacionalidad nigeriana.

De este modo, ambas se reunieron antes de comenzar el viaje en tres ocasiones con esta persona siendo sometidas a rituales de vudú y entregándole un mes después un pasaporte falso para que iniciaran el viaje.

El viaje hacia españa

Este viaje inició en coche de Nigeria a Cothonu, en autobús de allí a Níger y en camión ocupado por 50 personas de Níger a Libia, cruzando el desierto y falleciendo varios de los ocupantes en un accidente. Finalmente el viaje desde Libia hasta las costas de Italia se realizó en patera en la Navidad de 2007, siendo ocupada la patera por 49 personas y siendo recogidas por la Cruz Roja italiana en el mar. Una vez allí, las autoridades dispusieron el ingreso de estos inmigrantes en un centro de internamiento para extranjeros donde tras permanecer varios días, las dos víctimas y esta persona que les facilitó el viaje salieron. A la testigo protegida se le hizo entrega de un nuevo pasaporte con el que viajó hasta Sevilla y después a Huelva.

Una vez en la provincia, otros de los acusados alojaron a esta víctima, el compraron ropa y la enviaron a un club de alterne de Badajoz, tras enseñarle algo de castellano. El fiscal considera probado que esta mujer ingresó desde principios de 2008 y hasta febrero de 2009 14.365 euros.

Así el matrimonio procesado realizaba llamadas al norte de África e Italia para controlar a las chicas que habría que traer a España el destinatario de sus llamadas, y otra de las procesadas J.B., además de controlar a las mujeres que venía, financió en el periodo de los hechos operaciones para que otras mujeres vinieran a España.

Por todo ello, esta mujer decidió interponer una denuncia por los hechos, motivo por el cual recibió amenazas ella y su familia.

Para la segunda sesión del juicio, que se continuará este martes, la Fiscalía ha solicitado la declaración de la testigo protegida, así como de funcionarios de la Policía Nacional de Huelva y Sevilla.