La sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional dictó el martes el auto de apertura de juicio oral a 29 procesados por los atentados del 11-M, último trámite antes de que las partes presenten sus escritos de calificación y se señale la fecha de comienzo de la vista oral.

El tribunal rechaza la petición de la AVT de que el juez Juan del Olmo siga investigando porque "confunde el agotamiento de todos los aspectos o hipótesis posibles en relación con los hechos investigados (...) con la terminación del sumario cuando a juicio del instructor se hayan practicado todas las diligencias".

En su resolución, la sala rechaza imputar al ex presidente del Gobierno José María Aznar y al ex ministro del Interior Angel Acebes -tal y como había solicitado una acusación-, así como a los peritos policiales a los que el juez Baltasar Garzón acusó de un delito de falsedad en relación con un informe sobre el ácido bórico hallado en la vivienda de uno de los procesados.

El pasado mes de abril, el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, decidió procesar a 29 personas por delitos de asesinato y otros relacionados con las bombas que estallaron en cuatro trenes de cercanías en la capital española.

Un caso sin precedentes

El caso no tiene precedentes en España en términos de número de víctimas y complejidad. También se espera que sea uno de los mayores juicios contra el terrorismo en Europa. Los acusados son en su mayoría españoles o marroquíes.

El juicio debería terminar en julio del próximo año, y el veredicto estar listo en octubre, puesto que las autoridades judiciales están haciendo todo lo que pueden para acelerar el proceso, dijo la fuente.

Dos años de investigación

Del Olmo publicó en abril su auto de procesamiento judicial tras una investigación de dos años, con pruebas detalladas contra el grupo que abarcaban desde datos financieros y transcripciones telefónicas que concluyeron que los atacantes, que también dejaron 2.000 heridos, no estaban dirigidos por Al Qaeda.

Cinco personas están acusadas por 191 delitos de asesinato terrorista y 1.755 intentos de asesinato, mientras que otros 23 lo están con varias formas de colaboración, como falsificación de documentos y pertenencia a grupo terrorista.

José Emilio Suárez Trashorras, un ex minero acusado de suministrar los explosivos, está acusado por 192 asesinatos, incluida la muerte de un agente de los GEO durante una redada contra supuestos extremistas en la localidad madrileña de Leganés.

Durante la redada los siete sospechosos se inmolaron en un bloque de apartamentos.