Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están trabajando para acudir por la vía contencioso administrativa y recurrir el incumplimiento por parte del Gobierno central de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que determina la inversión que el Estado ha de destinar a Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado durante siete años en función de su peso poblacional en el conjunto del país.

Según ha indicado el consejero de Economía, Innovación, Ciencia Empleo, Antonio Ávila, en una entrevista con Europa Press, ha apuntado que inicialmente se estudió la vía del recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque el consejero reconoce ser "muy precavido" con este tipo de recursos, por lo que ahora mismo "se está considerando muy seriamente" acudir a la vía contencioso administrativa por "inacción de la actividad que le corresponde a la Administración General del Estado".

Ávila ha lamentado que el Gobierno "utiliza la crisis como excusa para acallarlo y postergarlo todo y para que elementos relevantes no estén en primer plano de la discusión política", como es el caso, según asegura, del cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera, un debate que la Junta considera "fundamental" por tres motivos, esto es, "por un motivo puramente económico, para poder recibir los recursos que tienen que servir para generar actividad productiva; otro puramente político, pues hay un Estatuto de Autonomía que es una Ley orgánica que está aprobada por las Cortes Generales, por el Parlamento andaluz, por todos los partidos políticos y que se sometió a referendum, pero ahora no se está cumpliendo con las leyes de Presupuestos Generales del Estado".

El consejero ha agregado que el tercer motivo, además del económico y el político, radica en el "gravísimo error histórico que comete el PP", que provocará, según augura, que los populares "dentro de unos años, viéndolo en perspectiva, actuarán con la DAT como con la Disposición Adicional Segunda (DAS), y tras una serie de asuntos, me temo que el PP llegará diciendo que está contribuyendo a la solución de falta de inversión".

"El PP debe plantear la solución hoy, pues hoy es cuando tiene la responsabilidad de trasladar la Disposición Adicional Tercera a los Presupuestos, al ser el partido que ha ganado las elecciones y elabora los PGE", considera Ávila, quien ha recordado que la DAT "es muy simple, pues contempla que el porcentaje de inversiones para Andalucía debe ser igual que el porcentaje de población que representa Andalucía en España, en torno al 17,8 por ciento".

Ávila ha indicado que "ni siquiera en la DAT se habla de que las inversiones sean muchas o pocas, algo que sí debe definir el Gobierno, pero solo pedimos que nos den lo que nos corresponde".

"Eso es cuestión de voluntad política y no se lo debe llevar por delante esa desafección hacia ciertas cuestiones que puede existir y que tiene a la crisis como excusa", ha agregado el consejero, quien insiste en que los andaluces "deben poner esto en primer término de nuestras preocupaciones".

El pp,

"inútil e inservible" para el ciudadano

"El qué es la DAT y qué habría que hacer debería estar claro para el PP", asevera el consejero, quien insiste que el cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto "no tiene nada que ver con la crisis; para que el 17,8 por ciento venga a Andalucía, no tiene que ver la crisis es exclusivamente voluntad política del PP".

Asimismo, reconoce "no entender" al PP andaluz, toda vez que este asunto "debería ser un elemento que capitalizase perfectamente". "A veces se piensa que el PP-A, cuando habla con el PP nacional, plantea estos problemas para luego intentar solventarlos y decir que sirven para algo, pero el PP plantea los problemas pero no contribuyen a resolverlos".

"El PP es inútil e inservible para los ciudadanos en ese sentido", ha apuntado el consejero, quien ha recordado que este año "a pesar de disminuir las inversiones, el 15,3 por ciento se asignan a Andalucía, y la DAT indicaría que correspondería el 17,9 por ciento, algo más de dos puntos, diferencia que se traduce en cantidades relativamente asumibles dentro de una mínima voluntad política de un ministro que es andaluz como Cristóbal Montoro, que conoce perfectamente el Estatuto".

Vía jurídica

Ante esta situación, el consejero indica que se está estudiando acudir a la vía judicial para reclamar el cumplimiento del Estatuto, aunque cree que "tiene más lógica presentar un recurso contencioso más que ante el TC", toda vez que "el Gobierno de España traslada una voluntad al Congreso de los Diputados, quien toma una decisión independientemente de cual sea el impacto que acabe teniendo esa decisión", de forma que "si el Congreso aprueba los PGE sin contemplar la Disposición Adicional Tercera, el que tendrá que arreglarlo será el poder Ejecutivo, no el Parlamento".

Por ello, Ávila considera que "si hay alguna vía que no sea el recurso ante el TC, la prefiero, y ahora se está considerando muy seriamente el recurso contencioso administrativo, que iría ante un tribunal por la vía ordinaria".

Ha agregado que los servicios jurídicos "están estudiando con detenimiento" dicha situación para tomar una decisión y analizar las diversas posibilidades.

El consejero ha explicado que el Estatuto de Autonomía "fija un período, de 2008 a 2014, y en ese periodo, año a año se debe ir produciendo una sucesión de hechos, como se acordó en la comisión bilateral Estado-Junta", de forma que "se presupuesta, los presupuestos se ejecutan y la ejecución no tiene por que corresponder estrictamente con lo presupuestado, por lo que luego se corrige la desviación".

En ese sentido, tras apuntar que el período de aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto es plurianual, ha explicado que actualmente se registran tres momentos, esto es, "los años 2008 y 2009, donde una vez que se analizo con el Ministerio de Hacienda la ejecución presupuestaria, se vio que hubo desviaciones, se certificaron por la Intervención General del Estado y lo comunicó la Secretaria de Hacienda a la Junta y el Gobierno andaluz aceptó las cuentas que las dos partes habían hecho, que se cifraron en 1.504 millones ese desfase de ejecución".

El consejero, tras agregar que "en los PGE siguientes se debería haber corregido y añadido esa cantidad, además de cumplir la DAT, pero no se hizo", ha indicado que 2010 y 2011, cuando el seguimiento ya correspondía al Gobierno del PP, la Junta "trasladó la necesidad de reunirse para hacer las cuentas con la Intervención General del Estado y la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos, pero no ha habido respuesta, ha existido inacción del Gobierno del PP, que no se ha querido sentar con la Junta de Andalucía para hacer el ejercicio de ver si lo ejecutado corresponde con lo que debería haberse ejecutado".

Agrega que en el caso de 2012 y 2013 "ni siquiera la Disposición Adicional Tercera se ha presupuestado".

"Son tres fases diferencias y deberá haber un trato diferenciado, aunque en las tres ha habido inacción por parte del Gobierno", ha explicado el consejero.