Unas 50.000 personas, según los convocantes, han participado en la gran marcha para protestar contra la "regresión" de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias que ha recorrido Madrid este domingo, víspera del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

Convocadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y bajo el lema 'SOS Discapacidad - Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo', decenas de miles de personas con discapacidad, familiares, voluntarios y profesionales se han concentrado para "ante la inquietante situación que atraviesan, agravada por la crisis, las decisiones políticas de regresión de derechos y el debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección social".

Esta manifestación histórica ha salido a las 12.00 de la calle Goya esquina con Príncipe de Vergara y ha discurrido hasta la Plaza de Colón en un ambiente festivo y luciendo pancartas que reclamaban "Derechos humanos ya".

"Estamos sufriendo muchísimo", ha asegurado Eva, una joven mujer discapacitada y dependiente que ha relatado a EFE las dificultades económicas a las que se enfrenta para acceder a los medicamentos que requiere su enfermedad y que le llevan a plantearse abandonar un tratamiento que no puede pagar.

Eva, que se desplaza en silla de ruedas con la ayuda de su marido, tiene derecho a 55 horas mensuales de ayuda a domicilio a las que ha renunciado ya que debe pagar una parte. "A mi pareja la han despedido porque tenía una jornada reducida para poder ocuparse de mí", ha explicado.

"Ya que tenemos que luchar contra la enfermedad, que no tengamos que luchar también contra el Gobierno", ha reclamado.

Los manifestantes han llegado a Madrid procedentes de distintas ciudades en 300 autobuses —que han movilizado a más de 10.000 personas— y ha contado con la participación de 700 voluntarios que han prestado su ayuda a invidentes y a quienes se han desplazado en sillas de ruedas.

En el manifiesto, leído al término de la marcha, los colectivos de discapacitados han hecho una "llamada de socorro" a la sociedad y a los gobernantes ante la "amenaza de ruina" a la que se exponen los logros en términos de derechos, inclusión y bienestar alcanzados en los últimos 30 años.

"Cuando alguien está en peligro, cuando alguien siente una amenaza inminente que pone en riesgo su integridad y hasta su misma supervivencia, esa persona lanza un SOS, una llamada de socorro pidiendo y esperando una ayuda que le permita salir de esa situación de absoluta emergencia", han alertado.

La "aterradora" crisis económica, las "políticas tóxicas" y las decisiones "socialmente crueles" que —han subrayado— se ceban con los más débiles "están acabando con las todavía humildes cotas de inclusión y participación alcanzadas por las personas con discapacidad y sus familias con tanto esfuerzo en estas últimas décadas".

"Estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica", han advertido para denunciar que si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no llegan a disfrutar del bienestar generalizado, en las épocas pésimas "sufrimos las consecuencias más devastadoras de la crisis".

"Nunca llegamos a participar del festín, cuando lo hay, pero somos los primeros a quienes se nos quitan hasta las migajas", han lamentado.

Los manifestantes han denunciado el incumplimiento "sistemático y estructural" de las leyes aprobadas para defender los derechos de los discapacitados, el aumento de la pobreza y la exclusión, así como el abandono de los apoyos a la familia, "que queda como única y solitaria red de soporte, cada vez más exhausta, sin apenas ya capacidad de resistencia".

Han advertido también de que el "debilitamiento, cuando no desaparición" de los bajos niveles de protección social pública conseguidos y la paralización de la creación de empleo para personas con discapacidad por falta de políticas activas de inclusión laboral suponen un "peligro real de pérdida de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad".

Más de 60.000 empleos en los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España —han alertado— "pueden desaparecer mañana mismo por la reducción drástica de los apoyos públicos".

"Y por si todo esto fuera poco, las Administraciones autonómicas y locales adeudan al sector de la discapacidad, a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, más de 300 millones de euros", han asegurado.

Además, el CERMI ha indicado que con este acto se pide "evitar el colapso" de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias y ha señalado que la estrategia 'SOS Discapacidad', que iniciará su andadura con esta marcha, se mantendrá mientras perdure lo "más agudo de esta crisis".

"Por primera vez en la historia, salimos a la calle para que los políticos sepan que estamos al borde del colapso", ha explicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, quien ha reclamado que la salida de la crisis sea también la solución para el 10%de la población que padece discapacidad, unos 4 millones de personas.

Más de medio centenar de organizaciones secundan este acto: FEDACE, Autismo España, DOWN España, COCEMFE, PREDIF, AFEM, Confederación Aspace, FIAPAS, Cocarmi, CNSE, EDF, FEDER, FEAPS, FEACEM, DOWN Madrid, Fundación ONCE, FNETH, FEDAGAGE, ACIME, FEAFES, Plataforma del Tercer Sector, Consejo Navarro de la Discapacidad, FELEM, Plataforma de ONG de Acción Social, ONCE, Cogami, Federación Española del Síndrome X Frágil, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia, Special Olympics.

También se han adherido ECOM, AEDIS, el Comité Paralímpico Español, UNAD, Aecemfo, APEMIB, Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), entre otras.

El CERMI es la plataforma de encuentro y acción política de las personas con discapacidad, constituido por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo de plataformas autonómicas, todas las cuales agrupan a su vez a más de 6.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 3,8 millones de personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total.

UGT asegura que la reforma laboral ha hecho más precario el trabajo de las personas con discapacidad, que cuentan con peores condiciones laborales y un salario menor, y critica que en 2012 la contratación indefinida de este colectivo haya retrocedido un 22% respecto a la del año anterior.

En este sentido considera que se debería delimitar el uso de la modalidad del contrato para la formación y el aprendizajea personas con discapacidad, estableciendo un límite en la edad y fijando unas retribuciones que prevengan de situaciones de exclusión social.

UGT también cree que en la reforma laboral debería modificarse el precepto que se refiere a los despidos por faltas justificadas de asistencia al trabajo cuando se trata de empleados discapacitados, y sobre todo en aquellos contratos que tienen suscrita una relación laboral de carácter especial por su grado de enfermedad.

Por su parte, el sindicato CC OO ha denunciado que el Gobierno Regional de Murcia "recorta siete millones de euros en atención a las personas con discapacidad" en 2013, que se suma al descenso del 20'6% en la partida de programas del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este colectivo.

En un comunicado de prensa, fuentes de este sindicato han explicado que los Presupuestos Generales de la CARM para 2013 incluyen para el programa de Personas con discapacidad una dotación inicial de 55,1 millones de euros, 7,5 millones menos que en 2012, lo que supone un 12% menos en términos relativos.

En este sentido, han insistido en que en 2013 se recortará 130.000 euros de la partida de prestación de servicios a personas con discapacidad y 489.318 euros de dos partidas relacionadas con prestaciones económicas para cuidados familiares de la ley de Dependencia.

Así mismo, han explicado que a esto se suma el hecho de que el ministerio del ramo ha reducido el próximo año "la partida para programas destinados a personas con discapacidad del 20'6% y la del Real Patronato un 7%, mientras que los programas del IMSERSO tienen una reducción del 25% en los convenios de accesibilidad y continúa la reducción de plazas concertadas".