El sistema educativo gallego registró durante el curso 2011/2012 la apertura de 757 expedientes disciplinarios, 29 menos que en el anterior curso escolar —un 3,7 por ciento menos—. De estos, el 82,3 por ciento fueron aplicados a alumnos de Secundaria, mientras que los abiertos en Primaria —que disminuyeron— fueron 26.

En rueda de prensa, el sindicato ANPE Galicia ha presentado los datos del teléfono del defensor del profesor correspondientes al curso pasado y que ha recibido un total de 148 llamadas de docentes gallegos, 143 al teléfono autonómico y 5 al nacional. El perfil del usuario de este servicio es el de una mujer mayor, profesora de Secundaria, y con problemas para dar clase.

En concreto, de las 143 llamadas atendidas por el servicio gallego del defensor del profesor, el 79 por ciento fueron de carácter administrativos, el 10,5 por ciento jurídicas y el otro 10,5 por ciento de carácter psicológico. El 58 por ciento provenía de profesores de Secundaria y el 25 por ciento de Primaria.

En cuanto a la problemática de los usuarios, el 44 por ciento de los docentes que llamaron a este servicio manifestaron sentir ansiedad, el 13 por ciento depresión y el 15 por ciento estar en una situación de baja laboral. El 28 por ciento no presentaban problemas anímicos.

Problemas para dar clase

Aunque casa llamada suele aunar varias problemáticas, según Anpe, el motivo más común para hacer uso de este servicio —el 29 por ciento de las llamadas— fueron los problemas para dar clase, seguidos de las faltas de respeto de los alumnos —16 por ciento— y los problemas administrativos y con la dirección y el acoso, insultos y amenazas de alumnos —10 por ciento cada uno—.

Entre otras cuestiones, el acoso, amenazas e insultos por parte de los padres supuso el 8 por ciento de las llamadas. El 64 por ciento de los usuarios no se sienten respaldados por la dirección de su centro y el 81 por ciento no se sienten respaldados por la Administración.

En el 61 por ciento de los casos fue necesario únicamente el asesoramiento directo, en el 18 por ciento se llevó a cabo una actuación frente a la Administración y en un 11 por ciento requirieron apoyo psicológico. La totalidad de los docentes contactaron a través del teléfono.

Datos preocupantes

Con estos datos en la mano, el presidente de Anpe-Galicia, Julio Díaz, ha señalado que, aunque los datos de expedientes disciplinarios han disminuido, siguen siendo "preocupantes", sobre todo en lo que respecta a los expedientes abiertos a alumnos de Primaria y en los problemas que se registran incluso con alumnos de Infantil.

Los expedientes disciplinarios abiertos a los alumnos suelen estar motivados por insultos o agresiones a compañeros o profesores o por destrozos o daños en el mobiliario.

"Cuando un alumno hace algo grave, debe ser sancionado inmediatamente", ha explicado Julio Díaz, quien ha criticado que las sanciones ante los comportamientos inadecuados de los alumnos se demoren durante mucho tiempo y, finalmente, consistan únicamente en "mandar al alumno para casa o cambiarlo de centro", lo que supone, "pasarle la pelota a otro colegio".

En este sentido, Julio Díaz ha criticado que la comunidad educativa no haya podido "contar para nada" en la redacción de la nueva ley educativa y ha reclamado más apoyos para los docentes en ámbitos como el de la atención a la diversidad.

Finalmente, el sindicato se ha referido al servicio de asistencia jurídica gratuita para el profesorado gallego, un servicio reclamado por Anpe y que la Xunta puso en marcha en enero de este año. Este teléfono, ha señalado Julio Díaz, ha recibido en lo que va de año casi 500 llamadas