Un informe impulsado por la Comisión Europea (CE) advierte de que los recortes en sanidad no sólo ponen en peligro la seguridad de los pacientes al afectar a su salud, sino que también entrañan un coste adicional para paliar las faltas en la asistencia sanitaria.

"La reducción de los recursos no debe poner en peligro la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia", enfatiza el informe dado a conocer hoy, que evalúa la aplicación de las acciones acordadas por los países de la Unión Europea (UE) en 2009 para mejorar la seguridad de los pacientes.

La Comisión defiende en el estudio que ello no es "sólo por el bien de los pacientes", sino también porque "existen pruebas de que los daños derivados de la asistencia sanitaria tienen un coste adicional".

Así, destaca que entre el 13 % y el 16 % del gasto hospitalario (uno de cada siete euros) se debe a lesiones y enfermedades relacionadas con la propia asistencia sanitaria.

Además de esta cantidad, se deben tener en cuenta los gastos de tratamiento de las secuelas de estas lesiones, que no computan como gasto hospitalario directo, apunta.

En el actual contexto económico, el informe aboga por establecer políticas eficaces, reducir los costes de una asistencia poco segura y desarrollar programas rentables de seguridad de los pacientes, para lo que ve preciso "seguir investigando".

"La mayoría de los Estados informa de que la aplicación de las disposiciones generales de seguridad de los pacientes que figuran en la Recomendación (de 2009) se ha retrasado como consecuencia de las restricciones financieras que la crisis ha traído consigo", indica el texto.

En ese sentido, señala que algunos de los Estados miembros que presentaban peores resultados en cuanto a la aplicación "se encuentran entre los que se han visto más afectados por el deterioro financiero y económico".

El concepto "seguridad de los pacientes" hace referencia a que no se vean "expuestos a daños o perjuicios potenciales innecesarios asociados con la atención sanitaria", recordó.

El estudio indica también que la mayoría de los Estados miembros ha incorporado la seguridad de los pacientes como prioridad en las políticas de salud pública, y ha designado una autoridad competente responsable de este ámbito.

Sin embargo, hace hincapié en que "sigue habiendo margen de mejora", y considera fundamental reforzar las disposiciones para la capacitación de los pacientes, la seguridad en la atención primaria (y no sólo hospitalaria) y la prevención y la lucha contra las infecciones relacionadas con la atención en centros sanitarios.