"Se ha acreditado el correcto funcionamiento y la calidad del servicio de la empresa pública Metro de Madrid". Con esta conclusión el Partido Popular decidió proceder este lunes al cierre de la comisión parlamentaria por los accidentes en el metro que el pasado mes de agosto costaron la vida a dos personas (uno de ellos, un directivo de la empresa pública) y provocaron heridas a otras 22.

Según los populares, que tienen mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid y ostentaban la presidencia de la comisión, los accidentes ocurridos los días 8, 26 y 29 de agosto fueron "tres sucesos absolutamente inconexos entre sí". Por ello, y aunque en un momento dado admite que es "prematuro" sacar conclusiones ya que los hechos siguen bajo investigación, el grupo zanja que Metro ha cumplido con todos sus deberes.

En sus recomendaciones, únicamente anima a "incidir" en una prohibición ya existente (que los menores no accedan a las cabinas de conducción de los trenes) y "redefinir" los protocolos de colaboración entre la Comunidad y Metro.

El dictamen que aprobará la Asamblea, sin embargo, tiene varias lagunas. La más relevante es la relativa al fallecimiento del gerente de Mantenimiento de Ciclo Corto de Metro, José Manuel Pérez García, y la niñera del hijo de este el 8 de agosto en las cocheras de Loranca (Fuenlabrada).

El texto obvia cualquier explicación acerca de cómo Pérez García coló a su familia en unas instalaciones de acceso restringido, accedió con su pareja, su hijo y la niñera a la cabina de uno de los trenes en la vía de pruebas —algo prohibido por el reglamento interno— y lo puso en funcionamiento.

"Funcionaron correctamente los protocolos de seguridad y emergencias", zanja el PP a pesar de que el convoy acabó destrozado contra el talud que constituía el final del recorrido. El consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, declaró ante la comisión que no se había acreditado "ningún tipo de fallo en los sistemas de control".

Sobre la muerte de Diego Fernández, empleado de la subcontrata de mantenimiento Azvi, el 26 de agosto, el dictamen establece que "es prematuro sacar conclusiones", porque la investigación no ha concluido. A pesar de ello, apunta a problemas en los grupos electrógenos con que trabajaba y la instalación eléctrica en general como causa probable de su electrocución.

El informe no se cuestiona si el convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y la Dirección General de Infraestructuras para el seguimiento preventivo de este tipo de obras funcionó o si los técnicos de la Comunidad de Madrid comprobaron o advirtieron a la empresa contratista de que empleaban materiales inseguros.

Mar Alarcón, directora general de Trabajo de la Consejería de Empleo, aseguró a los diputados de la comisión que estos equipos tenían "deficiencias" como agujeros cubiertos con cinta aislante.

El dictamen no llega a ninguna conclusión respecto al accidente del 29 de agosto, que se saldó con 22 heridos por el choque de un tren de la línea del Ramal contra el tope de la estación de Príncipe Pío, dado que las causas se encuentran bajo investigación. El fallo humano, no obstante, está "descartado". El conductor declaró a los técnicos en el mismo lugar de los hechos que los frenos no funcionaron.

"El día del suceso, el tren afectado circuló correctamente desde el depósito de Ventas. Había entrado a formar parte del parque de vehículos en marzo de 2011, encontrándose en garantía por parte del fabricante. En lo relativo a la infraestructura, ésta había sido objeto de obras integrales de mantenimiento y mejora entre los meses de mayo y agosto de 2010", resume.

En sus comparecencias, el subdirector de Seguridad y Protección Civil de Metro, el director de Explotación Ferroviaria o el secretario general de la compañía desgranaron que el presupuesto para mantenimiento de los trenes en 2012 asciende a 124 millones de euros, cifra que ha venido incrementándose en los tres últimos años.

La investigación concluye sin la participación del Partido Socialista e Izquierda Unida, que calificaron de "farsa" y "pantomima" la comisión. Ambos se retiraron después de que el PP impidiese la comparecencia, entre otros, de José Manuel Trabada, antiguo gerente de la extinta Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra). Esta empresa pública era la encargada de la construcción del metro. UPyD, que sí participó, presentará su propio informe de conclusiones.

El PP concluye lanzando una advertencia: "Poner en cuestión de manera injustificada la marca Metro de Madrid, especialmente a la vista de las exposiciones realizadas en la Comisión de Investigación y que acreditan la preferencia que se otorga a la seguridad operativa, puede causar perjuicios económicos a la empresa".