El sumario del 'Caso Malaya', sobre el que el juez instructor Miguel Ángel Torres levantó parcialmente el secreto, constata el "inmenso" patrimonio del presunto cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca, y su total control en materia urbanística en el Ayuntamiento de Marbella.
El sumario consta de casi 3.350 folios repartidos en nueve tomos y en él se acredita la gran fortuna acumulada por el ex asesor urbanístico del Consistorio marbellí y recoge, entre otros ejemplos, la intervención por parte de agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la UDYCO de casi 200.000 euros en una cámara acorazada en la finca La Loma, en los Alcázares (Murcia).
Según se recoge en el tomo décimo sexto del sumario, los agentes de la Policía Nacional hallaron el dinero en el interior de una cámara acorazada oculta tras un mueble librería que tenía instalada de forma camuflada un dispositivo de apertura oculto. Además, las declaraciones de imputados y testigos que colaboraban con Roca en el servicio de asesoría urbanística, recogidas en los tomos 16 y 20, confirman el control absoluto que el ex asesor ejercía a la hora de aprobación de convenios y concesión de licencias.
Así, en la declaración ante la policía, y posteriormente como testigo ante el juez, de la abogada Raquel Escobar, ex asesora del departamento jurídico de Urbanismo, asegura que "la voz cantante" en las reuniones de la Comisión de Gobierno "la llevaba Roca", que "iba apuntando aquellos expedientes que debían ser aprobados y los que no".
El señor Roca parecía ejercer como alcalde de hecho
Escobar afirma que, en el caso de no acordarse la concesión de las licencias marcadas por el ex asesor urbanístico, "en la mayoría de los casos se volvían a presentar la semana siguiente hasta que al final se aprobaban".
Por su parte, la ex coordinadora de la asesoría jurídica María Castañón mantiene en su declaración policial, ratificada después ante el juez instructor, que Roca "dirigía desde su despacho de Planeamiento todos los asuntos relacionados con el urbanismo en Marbella" y que Julián Muñoz, cuando era alcalde en funciones, "se ajustó al método de trabajo establecido". La letrada señala que tras las elecciones de 2003 ganadas por el GIL con Muñoz como cabeza de lista, el regidor quiso promover un cambio en la forma de gestión del Ayuntamiento en materia de urbanismo, "queriendo asumir la dirección del mismo, para lo cual necesariamente tenía que prescindir del señor Roca".
Castañón destaca que menos de una semana después de la destitución del ex asesor urbanístico se produjo la moción de censura contra Muñoz, motivada, a juicio de la abogada "porque el señor Roca parecía ejercer como alcalde de hecho". En su declaración, asegura que le sorprendió que tras la moción de censura la entonces nueva alcaldesa, Marisol Yagüe, "en todo momento y de forma insistente apoyara como asesor urbanístico" a Roca y apunta que la ex regidora "cualquier cuestión planteada por la oposición política la derivaba" a éste "para que tomara la decisiones oportunas".
El sumario refleja también que en la comparecencia como imputada de una empleada de la asesoría jurídica, S.M.M., ante el juez declara que ignoraba qué cargo ocupaba Roca tras la moción de censura contra Muñoz pero seguía siendo quien "daba las órdenes" en Planeamiento.
En cuanto a la relación del ex asesor urbanístico con los sucesivos alcaldes y con los concejales del Ayuntamiento de Marbella, la imputada destaca que cuando querían ver a Roca "eran ellos los que tenían que esperar y nunca él".
Esta es la segunda ocasión en la que el instructor del "Caso Malaya" decide alzar parcialmente el secreto de las actuaciones después de que a mediados de septiembre decretase la apertura de los tomos del 5 al 15, ambos inclusive.
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