En plena crisis, la vivienda pública se muere. Con el enorme stock de viviendas por vender (más de 700.000) y las Administraciones sin dinero, todo apunta a que la VPO no es necesaria, en este momento.

Según datos del Ministerio de Fomento, en los primeros siete meses de 2012 solo se han construido 75.000 nuevas viviendas y solo un 2% son públicas. En concreto, del total de pisos terminados, el 98% (72.934) correspondieron a promotores privados y el 2% (1.555) a las administraciones públicas.

Se construye poca VPO y además comienza a ocurrir –casos se han dado en todo el territorio nacional– que una familia que resultó adjudicataria de una vivienda pública la rechaza porque no puede pagarla. Y eso que son objetivamente más baratas que las de precio libre.

En este contexto, Madrid ha decidido dejar de construir vivienda pública. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, lo justifica en que las públicas que se ponen a la venta son ahora mismo más caras que las de renta libre en determinados distritos de la ciudad.

"Antes de este verano el precio medio de una vivienda libre en Carabanchel o Villaverde estaba por debajo del precio de las del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, con la situación que tiene, no va a construir viviendas que son más caras, sería una grave irresponsabilidad", asegura.

Sin embargo, en diciembre de 2011, la alcaldesa aseguró que el precio de los pisos públicos era tres veces inferior al de mercado. "No tiene sentido que la Administración se dedique a la promoción inmobiliaria cuando hay una crisis sin precedentes", reclama la alcaldesa.

La hoja de ruta del Consistorio madrileño pasa por "vender lo que hay en la actualidad y promocionar el alquiler". Ahora mismo, el Ayuntamiento de Madrid tiene 1.804 viviendas en construcción: 1.372 se venderán y otras 432 se alquilarán.

Así, Madrid tendrá 4.488 viviendas para alquilar, ya que en la actualidad ya dispone de 4.056. "Fomentaremos el alquiler e incluso acudiremos, si no tuviéramos viviendas en alquiler, a los bancos para facilitar o hacer de intermediario entre esas personas que quieren alquilar y el stock" de las entidades financieras, anuncia Botella.

Pero aunque la alcaldesa quiere apostar solo por el alquiler, en el Registro de Solicitantes que quieren comprar una vivienda pública municipal hay unas 13.000 personas, que serían 11.200 si se restan las 1.800 que podrían lograr uno de los pisos que ahora se están levantando.