El Ayuntamiento de Madrid reconoce que pudo haber un "error" en el dispositivo de seguridad (ocho agentes) que dispuso para la celebración del festival musical MTV Beach el pasado 22 de septiembre. Esa noche, y debido a problemas de aforo, el concierto que se celebraba acabó en una batalla campal entre jóvenes y las fuerzas de seguridad que se saldó con 11 detenidos y 60 heridos, 20 de ellos policías.

El concejal responsable del área de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, confesó este lunes en comisión que el Consistorio no estimó correctamente la "presencia potencial" de asistentes e infraestimó el poder de convocatoria de las redes sociales.

La organización del evento, en reuniones con el Ayuntamiento, cifró la asistencia en 7.500 personas, según de Guindos. El Consistorio, teniendo en cuenta que se había celebrado el año pasado sin incidentes, lo catalogó como "evento medio". Así, definió con la empresa los efectivos de seguridad privada necesarios y destinó únicamente ocho agentes de la Policía Municipal.

Sin embargo, casi 21.000 personas acudieron a la zona del Puente del Rey, en Madrid Río, y sus alrededores. El festival se convirtió en un botellón consentido, pese a que la legislación municipal lo prohíbe bajo multas de entre 500 y 600 euros.

De Guindos explicó este lunes que, sobre las 23.30 horas, la organización llamó solicitando la intervención de la Policía Municipal para limitar el acceso al recinto donde se celebraban las actuaciones. El delegado remarcó que sobre las 00.00 horas se personaron 91 efectivos de las unidades centrales de seguridad para tratar de limitar el acceso por la explanada del Puente del Rey, según recogió la agencia Efe.

A esa hora, los intentos de entrada al concierto por la fuerza ya habían degenerado en una batalla campal con lanzamiento de botellas, quema contenedores y daños a los vehículos. Los disturbios se extendieron hasta la glorieta de Príncipe Pío, por lo que los municipales requirieron la ayuda de las Unidades de Intervención de la Policía Nacional (UIP o antidisturbios) que guardaban el Congreso ante la protesta del 25-S, que tendría lugar tres días más tarde.

La primera respuesta fue negativa. Los refuerzos terminaron llegando a las 0.40 horas y no desde el Congreso, sino gracias a dos unidades que vigilaban la embajada de Estados Unidos y que estaban un kilómetro más lejos que sus compañeros en el hemiciclo.

Los incidentes se prolongaron hasta las 5.00 horas. El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) denunció entonces la falta de medios mientras se dedicaba un dispositivo "desmesurado" para proteger a la "casta política".

Tras reconocer el error, De Guindos calificó de "rápida" y "correcta" la respuesta policial. Asimismo, achacó los disturbios a la presencia de "grupos violentos" entre los asistentes. El concejal apuntó que la afluencia pudo multiplicarse por la difusión de la actuación del grupo Zombie Kids a través de las redes sociales Facebook, Tuenti y Twitter.

También aseguró, frente a la críticas de falta de coordinación, que la Delegación del Gobierno y la Jefatura de Policía recibieron la información del evento con suficientes días de antelación.

El Ayuntamiento estima en 76.400 euros el montante de los daños causados (51.400 en la zona exterior y 25.000 en los alrededores). Parte de ellos tendrá que pagarlos la empresa organizadora, a quien se requirió, como es habitual en estos casos, el depósito de una fianza previa de 50.000 euros para poder cubrir posibles desperfectos.

Para De Guindos, los responsables de lo ocurrido son "son los que alteran el orden público. Hubo actos vandálicos y agresiones a la autoridad". Sin embargo, la oposición le exigió responsabilidades por un dispositivo de seguridad que calificó como "deficiente".

El concejal de UPyD Jaime de Berenguer llamó la atención sobre la necesidad de definir con más precisión las competencias de la Policía Municipal: "A lo mejor asumimos más cosas de las que podemos tener". Milagros Hernández (IU) expresó sus dudas sobre si el Ayuntamiento tiene protocolos definidos para la seguridad en eventos en espacios abiertos. El concejal socialista Diego Cruz afirmó que estos disturbios revelan la "gran incapacidad e ineficacia" del equipo de Gobierno de Ana Botella.