La Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado iniciar un procedimiento administrativo sancionador que podría culminar en una multa de 6.000 euros a la persona que notificó la convocatoria de 'Rodea el Congreso' el pasado 25 de septiembre, que acabó con 35 detenidos y 64 heridos en las cargas policiales.

El expediente sancionador se abre al entender que quien convocó la marcha no adoptó las "medidas de seguridad" exigidas por las leyes que regulan la de manifestaciones, según ha informado la institución que preside Cristina Cifuentes a 20minutos.es. Esas medidas o las que "se soliciten de la autoridad gubernativa" deben constar, según la normativa, en el escrito de comunicación de una manifestación o una reunión.

La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, dice en su artículo 4.2 que "Del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas".

Por "medidas" puede entenderse, por ejemplo, que un grupo concreto de personas se encargue de que la reunión o la manifestación en cuestión discurra por el recorrido autorizado o que intente impedir altercados, entre otras cosas.

Asimismo, el artículo 4.3 expone que "Los participantes en reuniones o manifestaciones, que causen un daño a terceros, responderán directamente de él. Subsidiariamente, las personas naturales o jurídicas organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos".

Esos "medios razonables" no se habrían puesto en este caso, por lo que de la responsabilidad habría derivado el proceso sancionador. En Delegación del Gobierno explican que el sancionado tiene ahora un plazo de 15 días "para presentar alegaciones y aportar los documentos que estime convenientes". Si su recurso no prospera, el convocante de la marcha tendrá que afrontar el pago de los 6.000 euros de la sanción.

El sancionado, que responde a las iniciales R.O.G.R, fue el único que se personó en Delegación del Gobierno para comunicar la protesta y las asambleas previas, que finalmente fueron autorizadas. La Policía, no obstante, solicitó la imputación de ocho personas como instigadores de un delito contra la nación tras ser identificadas en una reunión preparatoria, aunque el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió, días después, archivar la causa.

En 2011 se celebraron 1.873 manifestaciones en la Comunidad de Madrid en las que, según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, no se produjeron incidencias. No obstante, sí se produjeron 259 infracciones al derecho de reunión y manifestación, es decir, infracciones relacionadas con el incumplimiento de los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la ley citada de 1983, y que no eran constitutivas de infracción penal.

Este tipo de infracciones son consideradas "graves", explica la ley. Sin embargo, según la misma estadística, solo se impusieron durante todo el año 2011 un total de 57 sanciones relacionadas con esas infracciones graves.

La Coordinadora 25S, organizadora de las protestas que tuvieron lugar a finales de septiembre en los alrededores del Congreso para pedir la dimisión del Gobierno, ha vuelto a convocar una nueva concentración en Neptuno para rodear la Cámara Baja el próximo día 23 de octubre a partir de las 19.00 horas, en esta ocasión, para protestar contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 que los diputados comenzarán a debatir el próximo martes.