El Gobierno central ha pedido a la Comisión Europea (CE) que hable con una sola voz ante la deriva independentista en Cataluña y, en concreto, cuando le interpelen sobre la posibilidad de que un territorio de España pueda ingresar en la UE si se declara independiente.

En un escrito formal enviado recientemente, España solicita que todos los miembros del Ejecutivo comunitario expliquen la posición de Bruselas en este asunto "de conformidad con los tratados".

En 2004, tras la pregunta de un eurodiputado británica sobre si una región que se escindiera de un Estado miembro seguiría perteneciendo a la UE o no, Bruselas aclaró que "una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto de la Unión y los tratados no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia".

Por tanto, si una Cataluña independiente quisiera formar parte de la UE tendría que presentar una solicitud de adhesión que necesitaría la aceptación unánime del Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de cada Estado miembro, por lo que cualquier país miembro podría vetar su ingreso.

Una entrevista en el Diario de Sevilla la semana pasada a la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, la luxemburguesa Viviane Reding, ha generado cierta confusión en este sentido.

Reding aseguró que "la legislación internacional no dice nada que se parezca" a que un nuevo Estado resultante de otro Estado matriz deba abandonar todos los organismos internacionales si se declara independiente.

En el caso concreto de Cataluña, el Gobierno español considera que la UE no aceptará una hipotética secesión de Cataluña u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español.

Basa su convencimento en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual solo sería legal una secesión pactada con España y la actual Constitución de nuestro país impide la independencia unilateral de una parte de la nación.

Incluso en el caso de que una parte del actual territorio de España se separara del resto de forma pactada —porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo— el nuevo Estado no estaría automáticamente dentro de la UE.

La Constitución española, en su artículo 1.2, establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español" y en su artículo 2 deja claro que la Constitución "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española".

Por tanto, el Gobierno sostiene que una secesión unilateral de Cataluña o de otro territorio sería absolutamente contraria a la Constitución, de manera que también sería contraria al ordenamiento europeo.