La CEOE ha considerado este viernes muy positivo que los presupuestos generales del Estado de 2013 vayan acompañados de un plan de reformas estructurales, pero ha mostrado su rechazo a que no se alivie la carga fiscal de las empresas y a que el recorte de gasto se centre en partidas ligadas a la actividad productiva.

Según ha expresado en un comunicado la patronal, el aspecto más negativo de estos presupuestos es el incumplimiento de la reducción en un punto de las cotizaciones a la Seguridad Social comprometida por el Ejecutivo, que los empresarios ven como un "elemento imprescindible" para ganar competitividad y reducir los costes del trabajo.

Asimismo, ha criticado el incremento que supone en el IRPF la eliminación de la deducción por la compra de vivienda habitual y el aumento del gravamen a las plusvalías obtenidas a corto plazo. La CEOE ha asegurado comprender que se acometan subidas impositivas para corregir el déficit público, si bien cree que deben establecerse "con carácter exclusivamente temporal".

En su opinión, la política fiscal del Gobierno apenas modifica el impacto negativo que algunas partidas presupuestarias tienen sobre la actividad empresarial, en tanto que la austeridad repercute en mayor medida en la actividad productiva que en la gestión de los servicios públicos.

En este sentido, ha dicho que llama la atención que se hayan aumentado las tasas en algunos servicios públicos para acercarlos a su coste real y que, sin embargo, no se hayan introducido mejoras para aumentar su eficiencia.

También se ha quejado de que no se haya avanzado en la eliminación de la duplicidad de competencias en los diferentes niveles de las Administraciones Públicas.

La CEOE cree que la previsión de aumento de la recaudación resulta optimista teniendo en cuenta el entorno macroeconómico, razón por la que ha demandado que cualquier desviación sobre esas previsiones sea compensada con reducciones de gasto y "en ningún caso con subidas adicionales de impuestos".

Por el contrario, ha alabado las reformas estructurales que el Gobierno se ha propuesto aprobar el próximo semestre, especialmente las que tienen que ver con la flexibilización del mercado de bienes y servicios y con el adelgazamiento de las administraciones.