Zamora realizó estas declaraciones poco después de que abandonaran Tenerife en un vuelo regular los cuatro primeros menores que serán distribuidos entre las comunidades autónomas, a los que seguirán otros dos grupos de cuatro y seis a lo largo de la tarde.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo el miércoles en el Congreso que por el momento sólo las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas y las diputaciones forales del País Vasco se han puesto a disposición para acoger a los menores inmigrantes.
Según Marisa Zamora, "todas las comunidades están ofertando plazas, unas más y otras menos en función de su capacidad de acogida", y citó los casos de Cataluña, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Ceuta, así como Extremadura que "ha sido muy generosa y ha ofrecido plazas sin límite".
Zamora indicó que de momento las plazas ofrecidas por las comunidades son unas 200, pero varias organizaciones no gubernamentales, como Diagrama y Mundo Nuevo, han ofrecido plazas para 300 o 400 chicos.
Las condiciones del viaje
Los cuatro primeros inmigrantes menores de edad han sido trasladados a Extremadura, según anunció José Luis Aregui, quien también explicó que los chicos viajan "con su protocolo sanitario y con toda la documentación en regla" y acompañados por educadores.
Esa documentación incluye una cesión de la tutela por parte del Gobierno canario y una comparecencia del niño en la que declara su disposición voluntaria al traslado, además de un informe social.
Para seleccionar a los menores, que suelen tener 16 o 17 años, se tiene en cuenta que sus expedientes están avanzados y que estén internos en centros de acogida provisionales, que el Gobierno de Canarias quiere cerrar con la llegada del invierno.
De momento los traslados, que son financiados por el Estado, se realizan en vuelos regulares, pero el Gobierno de Canarias ha propuesto al Ministerio de Asuntos Sociales que se fleten aviones específicos para facilitar los traslados.
Sin embargo, ONGs como Save the Children, Mensajeros de la Paz o CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) han denunciado repetidas veces irregularidades en la protección de menores inmigrantes tutelados, que en ocasiones acaban en repatriaciones ilegales.
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