El Defensor del Pueblo ha reclamado cambios en los procedimientos para mejorar la identificación de las víctimas de trata y evitar que sus casos sean tramitados como inmigrantes irregulares, así como los procesos de reflexión que se ofrecen a las víctimas para que colaboren, apenas utilizados.

En el informe La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, la institución ha constatado que los mecanismos para la detección de las víctimas o de las potenciales víctimas de trata no están funcionando adecuadamente y reclama que se regule la mayor participación de las ONG en estos procesos y en la asistencia a estas personas.

"Hay lagunas y hay posibilidad de remediar esas lagunas, tanto legislativas como de procedimiento, como en los aspectos de acogida; creemos que se pueden mejorar, que estamos en el camino adecuado y vamos a seguir trabajando en ello", ha asegurado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, encargada de presentar este informe que la institución lleva elaborando desde hace dos años.

La Defensora ha planteado la necesidad de garantizar que las acciones contra la trata de personas no se reduzcan a un problema de migración, orden público o de lucha contra la delincuencia organizada. "Los datos muestran la dificultad de detectar el problema y diagnosticarlo porque la mayoría de las víctimas, que son mujeres, no se muestran ante la sociedad", ha explicado Becerril.

En 2011, de las 14.370 personas en situación de riesgo de ser víctimas de trata, fueron identificadas 1.082, según datos del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado facilitados por Interior. Además, fueron pocas las mujeres que aceptaron el periodo de reflexión que se les ofrece para decidir si colaboran con la justicia, indica la institución.

Así, de los 763 ofrecimientos de colaboración, durante el pasado año fueron rechazados 680 por las víctimas y 98 concedidos. La institución ha detectado "cierto automatismo al ofrecer el periodo de restablecimiento y reflexión" para colaborar en la investigación sobre el proceso de explotación sexual al que son sometidas.

De esta forma, la Defensora sugiere que se ayude primero a la víctima a recuperarse y a sentirse segura, y en otra fase proponerle su colaboración con las autoridades. Recuerda que los procesos judiciales en los que se imputa a los supuestos tratantes siguen dependiendo casi en exclusiva de las declaraciones de las víctimas.

El Defensor propone a Interior revisar los criterios aplicados en las peticiones de asilo por estas víctimas, ya que constata que con carácter general se excluyen todas estas solicitudes, alegando que no tienen encaje jurídico en la Ley de Asilo, y son remitidos a la Ley de Extranjería. Respecto a los menores, expone la ausencia de datos de niños víctimas de trata y lamenta que ninguno de los servicios de protección autonómicos cuente con recursos específicos para ellos.