La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha comunicado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) que inicia una actuación de oficio por las incidencias ocurridas en varios vuelos de la compañía Ryanair que afectan a la normativa de seguridad aérea y a los derechos de los pasajeros.

En su escrito, la Defensora del Pueblo recuerda que la citada aerolínea ha sufrido 1.201 incidencias en los primeros seis meses del año y que han continuado sucediendo en julio y en agosto, ha informado la institución en un comunicado.

La compañía, por su parte, aduce trato discriminatorio y asegura que el resto de aerolíneas cuenta con similar número de incidencias y denuncias, recuerda el comunicado.

Según la Oficina del Defensor del Pueblo, las multas por un total de 2,3 millones de euros impuestas a Ryanair desde 2007 no han servicio para modificar la actuación de la aerolínea.

Tras recordar que el Ministerio de Fomento, del que depende la Aesa, acordó en julio llevar a cabo un estudio informativo e imponer sanciones si se constataban malas prácticas, el comunicado explica que Becerril ha solicitado al departamento que dirige Ana Pastor conocer el resultado del mismo.

También ha pedido conocer las actuaciones realizadas o previstas y si, en caso de mala práctica, trasladará la información al Gobierno de Irlanda, responsable de la licencia de Ryanair.

La Defensora también ha solicitado comprobar la veracidad de las denuncias sobre otras compañías aéreas aludidas por la aerolínea de bajo coste.

Por su parte, la compañía Ryanair, a través de su director ejecutivo Michael O'Leary, pidió explicaciones a la ministra española de Fomento, Ana Pastor, sobre las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación respecto a la seguridad de esta aerolínea irlandesa de bajo coste.

En su segunda "carta abierta" dirigida a Pastor, O'Leary indica que "Ryanair está preocupada por las reclamaciones falsas efectuadas por funcionarios no identificados del Ministerio de Fomento al periódico El Mundo" los pasados 16 de agosto y 10 de septiembre.

Según el directivo, esas informaciones apuntaban a que las autoridades podrían "retirar la licencia de Ryanair" para operar en territorio español y que la compañía tiene abiertas "1.201 diligencias" relacionadas con casos de "seguridad aérea y derechos de los pasajeros" registrados durante el primer semestre de 2012.