La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado este miércoles que era la Consejería de Empleo y no la de Economía y Hacienda, —de la que ella fue viceconsejera entre 2004 y 2009—, la que tenía que actuar ante los informes emitidos por la Intervención General de la Junta, en relación a posibles irregularidades en el procedimiento de concesión de ayudas a trabajadores y empresas en crisis.

Durante su intervención en la séptima jornada de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, Martínez Aguayo ha recordado que el exinterventor de la Junta Manuel Gómez aseguraba este martes en esta misma comisión que Hacienda "no tenía obligación de nada".

"Ni de los informes se deriva acción concreta, ni se requirió acción específica, ni la ley le atribuye esta competencia a la Consejería de Hacienda, ya que es la consejería competente, (refiriéndose a la de Empleo), la que tenía que desarrollar acciones", ha apuntado Martínez Aguayo, quien ha insistido en que "el órgano destinatario de los informes de Intervención era Empleo".

Asimismo, la consejera ha dicho comprender la "insatisfacción" existente sobre el sistema de controles, si bien ha querido dejar claro que si la Intervención hubiera detectado fraude o menoscabo de fondos públicos "se hubiera instado a una actuación más contundente, con la misma contundencia que ha actuado la Junta cuando se han conocido los hechos fraudulentos".