El Gobierno de Ecuador ha decidido conceder finalmente el asilo a Julian Assange, fundador de Wikileaks, pese a las tensiones políticas con los Ejecutivos de otros países, especialmente el británico.

Así lo ha comunicado el ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, quien ha insistido en la soberanía que tiene su país para decidir sobre un caso así.

Patiño ha justificado la decisión con el argumento de que la vida de Assange corre peligro si finalmente es extraditado a Estados Unidos. "Assange es víctima de una persecución política por su defensa de la libertad de expresión (...) El señor Assange no tendría un juicio justo en EE UU", ha dicho.

Esto entorpece la extradición del fundador de Wikileaks a Suecia, que le reclama por una acusación relacionada con delitos sexuales, y también hace más difícil que el fundador de Wikileaks termine en EE UU, donde sus abogados temían que podría enfrentarse incluso a la pena de muerte por haber filtrado cables diplomáticos que han avergonzado a ese Gobierno y a otros.

Suecia requería a Assange en un caso de denuncias de supuestos delitos sexuales que él niega y que, sospecha, podía ser un paso para su extradición a EE UU.

Ecuador denunció además en las últimas horas que había recibido "amenazas" por parte de Reino Unido con el fin de que no concediera el asilo a Assange.

Por su parte, Reino Unido ya informó de que, aunque Ecuador desoyera su peticiones, ellos no desistirían de su intención de tratar de extraditarlo.

Assange se encuentra en la embajada de Ecuador en Londres y ahora necesita un salvoconducto para salir de Inglaterra. "Ecuador tiene la certeza de que Reino Unido ofrecerá el salvoconducto necesario al asiliado", ha indicado Patiño.

Sin embargo, la posibilidad de que Reino Unido se preste a entregar dicho salvoconducto es altamente improbable.

Poco después de conocer la concesión de asilo a Assange, el ministerio británico de Asuntos Exteriores ha emitido un comunicado en el que indica que se siente "disgustado" con la forma en la que el asunto se ha resuelto y avisa que, en virtud "de la legislación del Reino Unido  una vez agotadas las vías legales", el Gobierno al que representa está "obligado a extraditar a Suecia" al activista australiano.