El Tribunal Constitucional (TC) ha dictado dos sentencias que declaran nulas las convocatorias de los concursos y las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid para las obras del cierre norte de la M-50 y de la nueva carretera R-1 por considerar que "corresponde al Estado la competencia".

Así, en una sentencia del 24 de mayo, el TC declara que "vulneran las competencias del Estado" las resoluciones de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por las que se hacen públicas las convocatorias de concursos para la adjudicación de los contratos de consultoría del anteproyecto de construcción de la obra "cierre norte de la M-50" y de la "nueva carretera R-1".

En otra sentencia, del 5 de junio, el TC declara la nulidad de las resoluciones por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos de los citados anteproyectos al estimar que la competencia sobre el cierre Norte de la M-50 y de la nueva R-1 "corresponde al Estado".

No obstante, el Constitucional abre la puerta al "establecimiento de fórmulas de colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado", lo que "requiere mutuo respeto de las respectivas competencias".

La sentencia del 24 de mayo resuelve el conflicto de competencia promovido por el Gobierno de la nación que considera que estas vías están integradas en la red de carreteras del Estado, mientras que la Comunidad sostiene que la M-50 y R-1 son de su competencia exclusiva ya que discurren íntegramente en su territorio, siendo su realización de "interés autonómico".

En esta resolución se señala que la construcción del cierre de la M-50 por la Comunidad debe considerarse integrado en un itinerario de "interés general" por lo que su construcción por la administración regional "infringe el ámbito de competencias del Estado".

En el caso de la R-1, la sentencia indica que si el tramo de la "nueva R-1" comprendido entre El Molar y la M-12 coincide con una parte del itinerario de la carretera estatal R-1 (entre Madrid y Santo Tomé del Puerto), "el competente para elaborar los estudios previos para la construcción de la autopista es el Estado".

La sentencia del 5 de junio apunta que "si el itinerario de la M-50 se considera de interés general, debemos entender que este mismo interés general existe cuando se trata de ampliar o modificar su trazado".

En la misma línea, indica que la R-1 es una "carretera de interés general" y reconoce que el Estado tiene la "competencia no sólo para su construcción sino para todos los aspectos conexos con ella".

Según ha dicho un portavoz de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, la sentencia parte de un recurso planteado durante el mandato de la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, que no fue paralizado cuando José Blanco se hizo cargo del Ministerio aunque en esa época "se establecieron mecanismos de colaboración" entre las dos administraciones.

El mismo portavoz ha explicado que el Ministerio de Fomento sacó a concurso el proyecto del cierre de la M-50, que quedó desierto.

Por su parte, la Consejería está revisando este proyecto, del que por el momento "no hay novedades".

Según la misma fuente, "la sentencia sólo dice que la competencia es estatal y admite que las administraciones puedan llegar a convenios de colaboración".

En cuanto a la R-1, este portavoz ha añadido que las sentencias "no supondrán una paralización de las obras", ya que no anulan el estudio de impacto medioambiental que ha realizado la Comunidad ni tampoco los pliegos del concurso que el Gobierno regional sacará a final de año, fruto de esa colaboración entre las administraciones autonómica y central.

En marzo pasado la presidenta Esperanza Aguirre animó a la iniciativa privada a invertir en la construcción de la Radial 1 de peaje, alternativa a la A-1 (autovía de Burgos) saturada de tráfico, y el cierre norte de la carretera de circunvalación M-50, que incluye un paso subterráneo de peaje bajo el Monte de El Pardo