El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez-Bermúdez ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a los cinco exdirectivos de la CAM imputados por presuntas irregularidades en la gestión de la caja de ahorros, tras haber admitido así la solicitud de la acusación particular del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
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Se trata de una fianza solidaria que el juez ha impuesto en previsión de una posible futura condena que supondría a la excúpula de la CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños económicos generados a la caja de ahorros.
Los 25,8 millones de euros de fianza impuestos por el juez, que ha dado a los imputados un plazo de 15 días para abonarlos, corresponden a la petición realizada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es el gestor de la CAM desde su intervención y que también está personado en el caso.
Esta cifra está por encima de los 12 millones de euros que pedía el abogado Diego de Ramón, representante de la plataforma de afectados de la CAM.
Si no pagan la fianza, les serán embargados sus bienes El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, los exdirectores generales, Roberto López y María Dolores Amorós, y los exdirectores de planificación y recursos, Teófilo Sogorb y Vicente Soriano, tendrán que abonar dicha fianza, en concepto de responsabilidad civil, en los próximos 15 días, o de lo contrario les serán embargados su bienes.
Gómez Bermúdez ya había retirado el pasaporte a Amorós y López Abad y había ordenado que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su lugar de residencia. Las medidas impuestas apuntan a un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Los otros tres imputados en la causa habían quedado libres sin la imposición de medidas cautelares.
Esta decisión de la Audiencia Nacional llega una semana después de que los cinco exdirectivos hubiesen declarado ante el juez Gómez-Bermúdez. En ellas, Crespo llegó a decir que sus competencias al frente de la CAM eran meramente representativas, mientras que la exdirectiva María Dolores Amorós negó haber tomado medidas que comprometieran la solvencia de la entidad.
Un año de su intervención
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, cuyos administradores elaboraron los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
La instrucción del caso continuará después del verano, cuando las partes pedirán nuevas diligencias En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
El abogado Diego de Ramón presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra sus antiguos directivos, que ha sido admitida a trámite y a la que posteriormente se han incorporado la plataforma de afectados por la caja y el propio FROB.
Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
La instrucción del caso continuará después del verano, cuando las partes pedirán nuevas diligencias, aunque según indicaron fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción esperará a contar con toda la documentación antes de solicitarlas.
Mientras tanto, la plataforma de afectados ha iniciado una investigación propia para demostrar que la CAM contrató a expertos en técnicas de comercialización "muy agresivas" para vender participaciones preferentes y cuotas participativas, según ha explicado un portavoz.
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