El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, que amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y permite la compra venta, entre otros puntos.

El Ejecutivo concede así una prorroga de hasta 45 años en las concesiones de las viviendas junto al litoral, ya que, hasta ahora, los derechos del uso concdedidos a los propietarios eran de 30 años, prorrogables, en algunos casos, a 60 años.

Según ha explicado durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la reforma legal persigue dos objetivos: la protección del litoral, y protección jurídica a propietarios y concesionarios.

En su opinión, "solventa el problema de los chiringuitos", que, ha dicho, "estaban en terreno de inseguridad jurídica", con concesiones por cuatro años y su mantenimiento mientras se cumpla la protección medioambiental del litoral.

Además, según la vicepresidenta, el texto supondrá "tolerancia cero frente a agresiones en las costas", ya que fijará una "cláusula antialgarrobicos",  para actuar frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.  La cláusula es una disposición legal que permitirá que la Administración del Estado, a través de la Abogacía del Estado, intervenir para frenar obras en pleno dominio público de playas.

"La abogacía del Estado podrá recurrir esas concesiones y obtener su suspensión para evitar determinados hechos consumados", ha subrayado la vicepresidenta.

Sobre el deslinde administrativo de las costas, Sáenz de Santamaría ha añadido que el texto introduce modificaciones para que se realicen con reglas "mucho más claras y rigurosas", para proteger, ha dicho, a los propietarios afectados por nuevas limitaciones.

Además de modificar el plazo máximo de duración de las concesiones hasta los 75 años, se permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones, de forma que se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años.

Respecto a la ampliación de las concesiones, la zona de protección en el territorio marítimo-terrestre "se refiere a las edificaciones que legítimamente las ocupan, y a sus propietarios", a los que "se les permitirá realizar las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación, siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie".

A su vez, también se prevé reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a 20 metros en relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano, si tenían en aquella fecha características propias de él.

La reforma legal modificará la Ley de Costas aprobada en el año 1988 con el objetivo de regular la explotación racional de la costa y proteger los arenales del ladrillo.

La reforma ha sido criticada por organizaciones como Greenpeace, que consideran que el Ministerio de Medio Ambiente prepara una "amnistía" para las construcciones sobre la arena y  teme que se amplíen los usos de la costa.

Para Ecologistas en Acción, ampliar las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público-marítimo terrestre "equivale a tener en propiedad un espacio público prácticamente de por vida".

La organización considera que la medida es "una privatización encubierta de la costa y el sacrificio del Dominio Público Marítimo Terrestre a la especulación urbanística y a los intereses privados."

También WWF y Seo/Bird Life han coincidido el anteproyecto de ley de costas, porque supone un cambio en el espíritu de la norma y un retroceso en la protección medioambiental porque la modificación planteada "prima los intereses económicos antes que el entorno natural".