La Fiscalía de Málaga ha mantenido la acusación contra el exalcalde de la localidad malagueña de Casarabonela Sebastián Gómez por delito de prevaricación urbanística por acción o por omisión en relación con 10 expedientes de obras solicitadas en 2004 y 2005 para actuaciones en suelo no urbanizable, donde, según el fiscal, se realizaron finalmente construcciones diferentes, según han informado fuentes judiciales.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia esta semana, tras la declaración del que era secretario municipal, que no compareció en la primera sesión de la vista oral. El fiscal ha retirado la acusación por dos expedientes, lo que, según las fuentes, no influye en la calificación jurídica de delito continuado de prevaricación urbanística ni en la pena solicitada de dos años de prisión e inhabilitación por 10 años.

El fiscal consideraba que Gómez conocía los requisitos legales para la construcción en el campo y "urdió un modo de sortearlos y dar apariencia legal a sus resoluciones", facilitando "la construcción y ampliación de viviendas de recreo y otros usos desvinculados de explotaciones agrícolas o ganaderas", contratando a una arquitecta municipal, también acusada y a la que también se ha juzgado, para "poder controlar e indicarle el sentido de los informes".

El acusado declaró que no tuvo advertencia de ilegalidad a la hora de conceder determinadas licencias solicitadas para la ampliación, reforma de viviendas o para almacenes de aperos, por las que se le ha juzgado. Además, aseguró que "siempre" entendieron estos expedientes como de obra menor y que el entonces secretario municipal les dijo que en vez de hacer dos informes, uno técnico y otro jurídico, la arquitecta podía hacer uno sólo.

Indicó que se siguieron las directrices dadas por la Junta de Andalucía en cuanto a planes de actuación en los expedientes de pequeñas ampliaciones como los analizados, insistiendo en que no eran licencias para nueva planta. También ha dicho que "nunca" quisieron eludir el control de dicha administración y que intentaron asesorarse para poder resolver las demandas de los ciudadanos.

Respecto a la comprobación de si lo construido se ajustaba a la licencia, admitió que no se hacía "porque era materialmente imposible" por falta de medios humanos y materiales para hacerlo, aunque incidió en que en cuanto tuvieron conocimiento de que podía haber irregularidades, a raíz de este procedimiento judicial, sí se iniciaron expedientes de disciplina urbanística.