Los tribunales asturianos suman ya más de 1.500 sentencias que establecen la devolución del impuesto de plusvalías a los compradores de pisos por parte de las promotoras y constructoras. Las cuantías a rembolsar van de los 800 a los 3.000 euros.

Así lo ha informado este viernes el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias), Dacio Alonso, en una rueda de prensa en la que ha llamado a quienes compraron una casa a partir del año 1998, a que emprendan el determinado proceso jurídico, pues los jueces asturianos están "sensibilizados" con este asunto, ha señalado.

Se atienden a las reclamaciones referentes a pisos comprados partir del año 1998 porque el periodo para la devolución es de 15 años, a raíz de la adquisición del inmueble. Hasta ahora, se han producido una 750 sentencias en Oviedo, con una media de 1.200 euros de devolución, 540 en Gijón, con una cuantía media de 900 euros, 80 en Avilés, a unos 700 euros, y un centenar en el resto de Asturias, a 600 euros.

Estas sentencias son el resultado de una primera campaña de llamamiento a la ciudadanía, iniciada por UCE en mayo de 2011, para que hiciera valer este derecho, según ha explicado Alonso. Ahora, la UCE, pretende iniciar una segunda campaña para informar a los afectados que "a su vecino ya le han devuelto ese impuesto, ¿a qué está esperando usted".

La devolución de los impuestos de Plusvalía se origina en una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias del año 2009, cuando "fija el criterio de que siempre será el promotor-constructor el que pague la plusvalía, al margen de la fecha de compra".

Alonso considera importante que "ninguna persona afectada pierda esta oportunidad". Recuerda que los jueces suelen fallar a favor del comprador si se demuestra que la cláusula de establecimiento de la plusvalía "no fue negociada, fue contraria a la buena fe y causa un perjuicio a los derechos del consumidor".

A este respecto, ha criticado duramente la situación de algunas promotoras en Oviedo, como Comansa o Naranco 2000, que "están poniendo serios problemas para la ejecución de las sentencias y el pago a los afectados".

Liberalización de horarios

Alonso fue interpelado por la propuesta de liberalización de horarios y días de apertura para los centros comerciales, así como su libre implantación territorial, que está formulando el Gobierno central a las comunidades autónomas. Se pasaría de ocho a diez festivos de apertura al año, y de 72 a 90 horas a la semana.

Para Alonso los procesos de liberalización "ha sido un fracaso", y como ejemplo se ha referido al del sector energético, que "no ha conllevado más que un incremento de precios y de perjuicios para el consumidor". En este caso, un mayor número de horas o de festivos de apertura "no beneficiará al consumidor". A su juicio, el problema es "el miedo escénico y la merma de recursos", por lo que con este tipo de medidas "no se conseguirá que la gente gaste más".