El Tribunal Supremo Administrativo de El Cairo ordenó este martes suspender la aplicación de una reciente decisión gubernamental que permitía a los miembros de la policía militar y de los servicios de inteligencia del ejército detener a civiles. Esta medida debería haber estado vigente hasta la redacción de la nueva Constitución.

Según la agencia oficial Mena, el fallo se produjo en respuesta a las denuncias presentadas por activistas y defensores de derechos humanos, que criticaron la decisión del Ministerio de Justicia de dar esa prerrogativa a los militares.

El pasado 13 de junio, el Ministerio egipcio de Justicia emitió un decreto en el que autorizaba este tipo de arrestos por determinados delitos de derecho común. El objetivo de la medida era preservar la seguridad por parte de las Fuerzas Armadas con la colaboración de la Policía, que desde la supresión el pasado mayo de la ley de Emergencia era el único cuerpo que tenía esas atribuciones.

También apuntaron que la resolución genera sospechas porque se aprobó tres días antes de las elecciones presidenciales y poco después de la anulación de la ley de Emergencia. De acuerdo a las denuncias presentadas, esta decisión ofrecía poderes excepcionales a los miembros de la policía militar y de los servicios de inteligencia del ejército, más de los que disponían con la citada ley de Emergencia.

Esa medida de excepción, en vigor desde 1981 bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, quedó anulada el pasado 31 de mayo después de que la Junta Militar que gobierna el país de forma transitoria decidiera no renovarla.

El Tribunal Supremo Administrativo también tenía previsto dirimir este martes sobre otros dos casos polémicos: la reciente disolución de la Cámara Baja del Parlamento y la validez de la Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna.

El primer caso fue aplazado al próximo 7 de julio, mientras que el segundo ha quedado visto para el 1 de septiembre.

El presidente electo egipcio, Mohamed Morsi, ya se ha instalado en el palacio presidencial y el sábado jurará el cargo de jefe de Estado que estaba ocupado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas desde que Hosni Mubarak dimitió en febrero de 2011 tras semanas de protestas. Pero la visita de este martes al Ministerio de Defensa sirve de ejemplo sobre quién sigue gobernando en Egipto.

El Tribunal Constitucional declaró hace dos semanas la inconstitucionalidad de varias leyes que sirvieron para gestionar la celebración de las elecciones, lo que llevó a invalidar un tercio de los escaños del Parlamento, donde los Hermanos contaban con la mayoría de los votos. El Ejército apoya dicha decisión, lo que ha provocado varios enfrentamientos con los islamistas.

Essamd Haddad, alto cargo de los Hermanos Musulmanes y ayudante de Morsi, ha señalado que la formación y el Ejército están trabajando para "alcanzar un compromiso en varias cuestiones para que todas las partes puedan trabajar de forma conjunta en el futuro". Haddad ha señalado que en las conversaciones se han tratado los posibles cambios que puede sufrir un decreto constitucional publicado por el Ejército la semana pasada y que limita el poder del presidente.

"No aceptamos tener un presidente sin poderes. La solución que se baraja es retirar esas restricciones para que el presidente Morsi pueda cumplir con lo que prometió", ha indicado. El dirigente de los Hermanos ha afirmado que los militares seguirán controlando su presupuesto y algunas cuestiones internas, pero no podrán intervenir en la comisión que redacta actualmente la Constitución.

El Ejército se otorgó la potestad de vetar artículos de la Carta Magna. "En las negociaciones también se incluye la reducción del poder de los generales en la asamblea constituyente para que pueda redactar la nueva Constitución sin interferencias", ha comentado Haddad.