La Cámara de Comercio de Barcelona ha cifrado este lunes en 2.658 millones la deuda del Estado con la Generalitat catalana por el incumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, que obliga al Estado a invertir en infraestructuras en Cataluña en proporción a su aportación al PIB español.

Este es el saldo de los primeros cinco años de vigencia de esta disposición del Estatut, según la Cámara de Comercio, que ha animado a usar 1.000 de estos millones a impulsar el Corredor Ferroviario Mediterráneo o bien otros 500 millones a construir los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Barcelona.

En rueda de prensa, el presidente de la Cámara, Miquel Valls, ha recordado que el Estado adeuda a la Generalitat 759 millones correspondientes a 2008 y otros 211 millones por 2009, y ha calculado que en el año 2010 el Estado invirtió en Cataluña 719 millones menos de lo que debería, y que en 2011 destinó 969 millones menos de lo previsto. "Pedimos que cumplan los acuerdos firmados entre la Generalitat y el Estado", ha asegurado Valls, que ha apelado a la "lealtad" del Estado respecto a los pactos sellados.

A partir de los datos de ejecución de la Intervención General del Estado, la Cámara de Comercio de Barcelona estima que la deuda pendiente en 2011 fue de 969 millones. Esta corporación asegura que el Estado debería haber invertido el año pasado en infraestructuras en Cataluña unos 2.000 millones, y que acabó invirtiendo sólo 1.116 millones.

En cuanto a 2010, la Cámara entiende que deberían haber correspondido a Cataluña un total de 3.279 millones de inversión en infraestructuras de los 17.589 que se repartieron entre el conjunto de las comunidades, lo que arroja un saldo negativo de 719 millones para Cataluña, según Valls.

Además de los dos proyectos anteriores (el Corredor Mediterráneo y los accesos al Puerto), que sumaban 1.500 millones, la Cámara considera que los fondos restantes que se adeudan por esta disposición del Estatut deberían destinarse también a completar la estación del AVE de la Sagrera (300 millones), a alargar la autovía B-40 hasta Granollers (500 millones), así como al nuevo acceso de Cercanías al aeropuerto (300).

Valls ha recordado que Generalitat y Estado pactaron una cláusula por la cual si la inversión ejecutada en infraestructuras en Cataluña quedaba por debajo de la aportación de Cataluña al PIB español, la administración central se comprometía a corregir la desviación en el próximo presupuesto o bien a transferir esa cantidad a la Generalitat.