El Consell de Garanties Estatutàries, una suerte de Tribunal Constitucional a la catalana de carácter consultivo, ve aspectos de inconstitucionalidad en el real decreto ley sobre sanidad aprobado del Gobierno central. En el escrito de conclusiones, el Consell aprecia que el decreto es contrario a tres artículos de la Constitución, además de invadir las competencias de la Generalitat recogidas en el Estatut.La decisión se ha adoptado por unanimidad, si bien existe el voto particular de un magistrado que entiende que la restricción al derecho a la salud de los inmigrantes vulnera en realidad otro artículo más de la Constitución. En concreto, el dictamen aprecia diez aspectos que podrían no ser legales, entre ellos que el decreto no cumplía la "extraordinaria y urgente necesidad" que defendía.El organismo, cuyos dictámenes no son vinculantes tras la sentencia del TC sobre el Estatut, aprecia errores en diversos artículos del decreto, además de la disposición adicional sexta, precisamente los que más polémica habían originado y que modifican el concepto de asegurado por el sistema sanitario, la prescripción de medicamentos, la dispensación de fármacos en los hospitales, el cambio en las profesiones sanitarias y en los estatutos del personal, entre otros.Además, ve vulneradas las competencias de la Generalitat en el reconocimiento y control de los asegurados por el sistema, en la obligación de dispensar medicamentos genéricos, en los cambios sobre el copago farmacéutico y en lo referente a la donación de células y tejidos humanos.En referencia a la Constitución, entiende que se podría vulnerar la idea de que todos los españoles son iguales ante la ley sin ninguna discriminación, el propio derecho a la protección de la salud, y la utilización del concepto de urgencia para justificar su publicación. PSC, ICV-EUiA y ERC registraron hace un mes en el Parlament la petición de dictamen del Consell, algo que explicaron entonces por la supuesta exclusión del sistema de inmigrantes y de los mayores de 26 años que no hayan trabajado con contrato laboral.El conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, ya había avisado también que apreciaba posibles contradicciones con la Constitución y "medidas lesivas" para las competencias catalanas, por lo que anunció que si el Consell avalaba dichas vulneraciones la Generalitat recurriría ante los tribunales las medidas del Estado.El Consell de Garanties ya cuestionó la legalidad de otra de las reformas del Gobierno del PP, la laboral. Concretamente, en abril, emitió una resolución que alertaba sobre la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 14, reinterpretaba los 3 y 4, y añadía que varios aspectos de la reforma invaden competencias de la Generalitat.