El Parlamento argentino aprobó este jueves el proyecto de ley gubernamental de expropiación del 51 por ciento de las acciones de la española Repsol en la petrolera YPF y de YPF Gas. La Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación por 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, tras una jornada especial que comenzó el miércoles.

La aprobación de la iniciativa gubernamental dio paso a una auténtica fiesta entre el oficialismo en el recinto del Congreso, abarrotado con invitados de organizaciones afines, mientras en las puertas del recinto cientos de militantes celebraron la decisión con cánticos peronistas y fuegos artificiales.

La ley expropia el 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF, las acciones del grupo español en YPF Gas y declara de interés público nacional y como "objetivo prioritario" el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.

Con la aprobación del Parlamento concluye el proceso iniciado el pasado 16 de abril, cuando la presidenta argentina, Cristina Fernández, ordenó la intervención de YPF y anunció el envío del proyecto de ley de expropiación al Congreso para su transformación en ley.

En el momento de su intervención, la petrolera estaba participada por Repsol (57,43%), Petersen (25,46), el Estado argentino (0,02) y el restante 17,09% cotizaba en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. Ahora, el 51 por ciento de las acciones expropiadas a Repsol se repartirán entre el Estado, que a su vez se quedará con un 51%, y las provincias petroleras, que asumirán un 49%.

Los legisladores argentinos iniciaron este miércoles una sesión de dos días que culminó con la aprobación del proyecto de ley de expropiación de la petrolera, a pesar de las críticas de la oposición que acusaba a los gobiernos Kirchner de  los problemas energéticos del país.

En poco más de dos semanas, el Gobierno logró acelerar la tramitación en el Senado, donde la pasada semana obtuvo una holgada victoria que confirmó que la propuesta sería ratificada en la Cámara Baja.

Mientras la sesión transcurría en el Congreso, la presidenta aprovechaba un acto en la provincia de Buenos Aires para apuntar que Argentina se enfrenta a "un gran desafío" y "tiene que estar alineada a los intereses del país".

"Me hubiera gustado que quienes tendrían que haber cumplido con el país lo hubieran hecho", agregó en alusión a Repsol.

"Todas las empresas petroleras que funcionen en Argentina, YPF y el resto, tendrán que cumplir con el objetivo de interés publico", agregó, en medio de cánticos y aplausos de los militantes oficialistas que abarrotaron el Congreso.

Pese al abrumador respaldo a la propuesta gubernamental, el debate parlamentario ha permitido a la oposición advertir a Fernández que no tiene un cheque en blanco para el manejo de la principal empresa del país.

Ricardo Gil Lavedra, de la Unión Cívica Radical, aclaró que "la gravedad de la situación exige que optemos por la coincidencia para tener una petrolera de mayoría estatal (...) pero no convalidamos la ilegalidad, la negligencia ni la corrupción".

El diputado de la conservadora Propuesta Republicana (PRO) Jorge Triaca justificó su rechazo por considerar que "se ha asaltado una caja, se ha tomado el control para hacerse con los fondos que tenía Repsol".

Mientras el izquierdista Fernando Pino Solanas, que sufrió un atentado por oponerse a la privatización de la petrolera en los años 90, advertía de que se presenta para Argentina una gran oportunidad: "Hagámoslo bien, coloquemos a los mejores hombres al frente".

Solanas ha sido uno de los legisladores más críticos con el ministro de Planificación, Julio De Vido, que encabeza la intervención gubernamental en la petrolera.

De Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien fuentes del sector petrolero atribuyen la autoría del proyecto de expropiación de YPF, fueron denunciados hoy en la Oficina Anticorrupción por diputados opositores que entienden que sus cargos son incompatibles con sus nuevas actividades en la empresa.

Desde su fundación, en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ha sido estratégica para Argentina. En 1999, bajo el gobierno de Carlos Ménem (1989-1999), fue privatizada y vendida a Repsol que, en 2007, dio entrada con un paquete minoritario al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Kirchner.