Los clubes profesionales podrán ser expulsados de la competición si incumplen el protocolo para reducir y controlar la deuda firmado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, y el de la Liga de Fútbol Profesional, José Luis Astiazarán.

"La deuda del fútbol la va a pagar el fútbol. En ningún caso estamos hablando de perdonar un solo céntimo de euro y rebajar esta deuda. Estamos estableciendo un mecanismo para darle mayor fuerza a la garantía de ese pago y establecer plazos ciertos", declaró el ministro.

Wert destacó que el protocolo se ha concretado por acuerdo entre el CSD y la LFP e insistió en que no se trata "en ningún caso de una excepcionalidad, ni de crear una zona de legalidad especial, sino de garantizar el cumplimiento de la legalidad tributaria de forma estricta como en cualquier otro sector".

El presidente del CSD señaló que la deuda del fútbol profesional español "está en el umbral de los 675 millones de euros" y aseguró que el protocolo, que incluye sanciones por incumplimiento como la expulsión de la competición, "se va a cumplir pase lo que pase".

"Entre las medidas que recoge establece que desde la temporada 20014-15, el 35% de ingresos que los clubes reciban de los operadores audiovisuales no se le librará hasta que no acrediten que están al corriente de sus obligaciones, con la ratificación de la Agencia Tributaria", comentó Cardenal.

Por su parte el presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, aseguró que el fútbol profesional español "quiere ser ejemplar también en la gestión". "Este protocolo es incondicional y no tiene que ver con otras reivindicaciones del fútbol profesional. Es un compromiso serio, solvente del fútbol profesional con el ministerio, el CSD y con el propio país", añadió.

Por otro lado, los clubes profesionales con aplazamientos de deuda tributaria concedida estarán obligados a aceptar ofertas para la adquisición de los derechos federativos de sus jugadores y a comunicar cualquier oferta recibida en este sentido a la Agencia Tributaria (AEAT), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Para realizar la venta en este supuesto se creará una comisión tripartita, formada por representantes de la LFP, el CSD y el club deudor, que decidirá, estudiadas las ofertas recibidas por un jugador, la obligación de acceder a su transferencia para hacer frente a los aplazamientos existentes con la AEAT u otros organismos públicos.

"En caso de discrepancias se designará un experto independiente que resolverá con carácter definitivo el hipotético conflicto" señala el Protocolo. El mismo añade que "se establecerá un sistema por el cual si un equipo aumenta el volumen de su deuda tributaria aplazada pueden dirigirse ofertas a la citada comisión por cualquiera de los derechos federativos de los jugadores de su plantilla".

"Dicha comisión podrá obligar al club a que acceda a transferir derechos federativos de sus jugadores hasta completar la cantidad en la que se hayan aumentado los aplazamientos, destinándose lo ingresado a eliminar ese crecimiento del volumen de la deuda tributaria aplazada", agrega.