Intersindical pide a la Generalitat que "plante cara" al Gobierno y no aplique los recortes

Intersindical Valenciana ha expresado este martes su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y al nuevo plan de ajuste. En este sentido, ha instado a la Generalitat a "plantar cara" al Gobierno español y a no aplicar estas medidas que "son contrarias a los intereses de las valencianas y valencianos".

Intersindical Valenciana ha expresado este martes su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y al nuevo plan de ajuste. En este sentido, ha instado a la Generalitat a "plantar cara" al Gobierno español y a no aplicar estas medidas que "son contrarias a los intereses de las valencianas y valencianos".

El sindicato, en un comunicado, ha advertido de que si el Ejecutivo de Mariano Rajoy aplica estas medidas "tendrá nuestra más firme oposición puesto que no vamos a estar impasibles mientras se perpetra una nueva agresión a los servicios públicos, a las trabajadoras y trabajadores, al conjunto de la ciudadanía y a nuestro autogobierno".

Intersindical considera que el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad "es un paso más en la destrucción del estado del bienestar y en la política de privatización de los servicios públicos".

En este sentido, ha indicado que las medidas que pretende poner en marcha el Gobierno central a través de los PGE, de la ley de estabilidad presupuestaria y del nuevo plan de ajuste "no tienen como finalidad mejorar ni activar la economía sino sentar las bases por dejar en manos de las empresas privadas la educación y la sanidad".

"Esto se hace para garantizar nuevos ingresos y beneficios a expensas de acabar con los derechos básicos como son la sanidad universal y gratuita o la educación pública para todas y todos", ha lamentado.

El sindicato ha criticado que "el Gobierno español, en connivencia con la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la banca, los fondos de inversiones y los especuladores ha decidido aprovechar la crisis como excusa por desregular nuestros derechos, liberalizar los servicios públicos y recentralizar el estado como primer paso para acabar con el estado de las autonomías".

Por ello, "ha aprobado un nuevo recorte de 10.000 millones de euros que, en la mayor parte, no será sacado adelante por el propio gobierno sino por las comunicados autónomas que son las que tienen competencias en materia sanitaria o educativa".

Intersindical Valenciana ha explicado que las consecuencias del nuevo recorte presupuestaria y del nuevo plan de ajuste serán "el empeoramiento de los servicios públicos; la pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector público; el deterioro en la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos; el aumento de desigualdades sociales; el aumento de la tasa de paro; la disminución de las rentas del trabajo y el empobrecimiento de las trabajadoras y trabajadores y de los sectores sociales más desfavorecidos". "Y todo, para garantizar nuevos beneficios a las empresas, a la banca y a los especuladores", ha denunciado.

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