Los 'puntos negros' del carné por puntos

Las claves:
  • El carné por puntos entra en vigor el 1 de julio.
  • Mantener los puntos es requisito para conducir.
  • El Supremo admitió a trámite un recurso en contra.
Nuevo carné de conducir
Nuevo carné de conducir
Jordi Soteras
Nuevo carné de conducir

"Typical spanish". Así califica Mario Arnaldo, director de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el modelo de permiso de conducir por puntos (pxp) que entrará en vigor el próximo sábado 1 de julio.

Es precisamente AEA la organización responsable de que este carné por puntos, a través de un recurso administrativo haya llegado hasta el Tribunal Supremo y haya sido admitido a trámite.

Hoy, AEA, junto a otras asociaciones de automovilistas han discrepado, según ha recogido la agencia Efe, sobre la "eficacia, carácter y legalidad del pxp".

Las críticas de AEA:

  • La legislación española no considera la pérdida de puntos como una sanción, como en el resto de Europa, sino como el incumplimiento de un nuevo requisito a los ya necesarios para poder conducir (edad mínima, exámenes práctico y teórico y test psicotécnico).
  • Estos requisitos son parte de la directiva europea 91/439. Para modificarlos, como hace, según la AEA, la legislación española, habría que consultar a la Comisión Europea.
  • Por ser un requisito para poder conducir, los españoles con carné expedido en España no podrán conducir fuer del país si pierden los puntos. Los europeos si podrán hacerlo en nuestro país.
  • Al no ser sanción, el conductor no podrá recurrir la pérdida de puntos.

"Punitiva y recaudatoria"

El Comisariado Europeo del Automóvil se ha unido a las críticas sobre la eficacia del pxp. Según ha declarado hoy su portavoz, Nuria Alonso, la normativa es "fundamentalmente punitiva y recaudatoria".

Según los datos de AEA, los cursos necesarios para recuperar los puntos podrían llegar a costar más de 300 euros.

Daños y perjuicios al Estado

Si el recurso de AEA admitido a trámite por el Supremo prospera (dos años hasta el fallo) los conductores afectados por el nuevo permiso podrían pedir daños y perjuicios al Estado.

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