El primer plan de ajuste de Ana Botella como alcaldesa de Madrid ya tiene cifras. En concreto, y según aprobó este martes su equipo de Gobierno en una reunión extraordinaria, el Consistorio recortará 160 millones de euros de su presupuesto para el presente 2012 y 394 millones en 2013. Este fue aprobado por Alberto Ruiz-Gallardón antes de ser nombrado ministro de Justicia.

Ello tendrá consecuencias en todas las áreas de Gobierno, aunque el Ayuntamiento tratará de minimizar la repercusión en los servicios públicos a través de varias vías.

Una será quitar 22 millones de euros de la partida de personal, limitando las ayudas sociales a los trabajadores del ayuntamiento (salvo las de transporte y discapacidad). Recientemente, el Tribunal Supremo declaró ilegal el hecho de que estas ayudas fuesen cobradas por altos cargos del Consistorio.

También se reducirán los liberados sindicales y se dejarán de cubrir vacantes salvo en casos urgentes. La contratación de interinos queda limitada a casos urgentes, por lo que no se renovarán los contratos a su vencimiento.

Las horas extraordinarias se recortan un 20% y se suspenden los premios especiales para los funcionarios. A cambio, estos conservarán los puestos de trabajo. Estas medidas no han sido consensuadas con los representantes de los trabajadores, que, también verán incrementada su jornada laboral semanal de 35 a 37,5 horas semanales cuando el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe la medida.

Otra será recortar los gastos de funcionamiento. Botella quiere que su Ayuntamiento ahorre en luz, agua, mantenimiento y hasta en fotocopias. La medida permitirá ahorrar 1,5 millones euros en 2012 y 2 millones de euros en 2013. También se reducirán los coches oficiales y se avanzará en el plan de eliminar alquileres. El colofón será el plan de venta de edificios municipales.

Sin embargo, la mayor parte del 'tijeretazo' lo sufrirán los madrileños, que tendrán que pagar más y verán mermados los servicios municipales a partir de 2013.

Por un lado, en contra de la política general defendida por el PP y de la congelación establecida por Gallardón antes de dejar el Ayuntamiento, la alcaldesa ha decidido subir los impuestos, tasas municipales y los precios públicos. Solo se mantienen la tasa de basuras, la de vados y la que se cobra por los servicios de los bomberos. El resto se incrementan un 2%.

Así, los madrileños pagarán más por ir a las piscinas, por las clases deportivas (salvo el pádel y el tenis), por realizar deporte con luz artificial y por los talleres de los centros culturales. Eso para 2012, porque, a partir de 2013, el consistorio espera reducir su aportación a estos servicios haciendo que los ciudadanos sufraguen entre un 10% y un 32% más de su coste. El Ayuntamiento considera los anteriores como "servicios públicos no esenciales".

Tener un negocio propio supondrá un 2% más en el Impuesto de Actividades Económicas, al igual que en el caso de tener vehículo, al revisarse al alza -en el mismo porcentaje- el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o 'numerito'.

La alcaldesa ha decidido continuar con los planes de su antecesor y rebajar un 50% el precio de la tarjeta que da derecho a aparcar en las áreas bajo Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Sin embargo, ordenará, como estaba previsto, una subida del 8,2% del precio de los tiques de aparcamiento en zona azul y de un 2,4% en el caso de la zona verde, con lo que aumentará la recaudación por este concepto.

El Ayuntamiento reducirá un 20% todas las subvenciones nominativas y un 30% del resto de subvenciones o transferencias. Ello incluye que los vocales vecinos que ostentan la representación ciudadana en los plenos de las Juntas de Distrito recibirán un 20% menos de aportación. La subvención municipal a los sindicatos queda suprimida.

Además cualquier nueva inversión en nuevas infraestructuras o similares se paraliza, como mínimo, hasta 2016.

Para compensar los recortes, el Ayuntamiento continuará bonificando el pronto pago de los impuestos y subvencionará con 60 euros el recibo del IBI a las personas con menos recursos. Además, se compromete a ponerse al día en el pago a proveedores este año y a abonar las facturas en 30 días en 2014. Los excedentes llegarían en 2016. Un año antes, la deuda debería situarse en 4.451 millones de euros, en lugar de en los 6.348 millones de deuda viva y los otros 1.017 millones pendientes de pagar a los proveedores.

Estas restricciones forman parte de un plan que se prolongará durante los próximos 10 años, hasta 2022, y mediante el que Botella tratará de asegurar la supervivencia económica de la ciudad, actualmente, la más endeudada de España. Aunque el objetivo es reducir la mora, el Ayuntamiento pasó de puntillas sobre su origen y achacó la situación a las "circunstancias económicas desfavorables".