La subida del recibo de basuras se tendrá que retrasar hasta que el Pleno de la Diputación Provincial de Soria apruebe la modificación del artículo 10 de la ordenanza, según ha anunciado este martes el diputado socialista Luis Rey, que ha acusado al presidente de la Institución Provincial, Antonio Pardo, de "prepotente" y de una falta de agilidad que ha convertido la entrada en vigor de esta ordenanza en una "auténtica chapuza".

El pasado mes de diciembre, la Plataforma del Pueblo Soriano presentó una alegación contra este reglamento que preveía una subida de hasta el treinta por ciento en el recibo de basuras debido a la entrada en funcionamiento de un cuarto vaso en el Centro de Tratamiento de Residuos de Golmayo.

Esta alegación no se desestimó hasta mediados de enero, sin embargo, la ordenanza contemplaba la entrada en vigor de la nueva tasa el 1 de enero. Los técnicos reconocen ahora que hay una incoherencia porque el reglamento no puede aplicarse hasta que esté resuelta la alegación.

La solución pasa por aprobar en el Pleno de este viernes la supresión del artículo 10 que marca el primer día del año para la entrada en vigor, algo que, según los socialistas, puede generar una "inseguridad jurídica" en los ayuntamientos y una merma de los ingresos en la Diputación.

"Se está perjudicando a muchos municipios por no querer rectificar decisiones equivocadas", ha señalado Luis Rey, quien ha recordado que en el mes de diciembre, la Diputación tenía que haber convocado un pleno extraordinario "con la mayor urgencia posible, dictaminar desestimar la alegación y mantener el texto con entrada en vigor el 1 de enero".

Según ha informado Luis Rey, a partir de la entrada en vigor de la nueva ordenanza se aplicará la nueva tasa, mientras que en estos primeros meses seguirá rigiendo la de 2011.

"Esto va a generar problemas porque algunos ayuntamientos pueden haber aprobado la tasa y la Diputación no se la va a cobrar durante los dos primeros meses y medio", ha añadido el diputado.

"No sé cómo piensan resolverlo pero la chapuza está encima de la mesa y puede generar inseguridad jurídica, pleitos y reclamaciones por parte de los ayuntamientos".