La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado abrir diligencias informativas sobre las "filtraciones" de la investigación judicial que afecta al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y próximamente pedirá un informe al juez instructor del caso, José Castro.
La decisión la adoptó el pasado martes la Comisión Disciplinaria, según han confirmado fuentes del CGPJ, tras recibir una queja del abogado del expresidente balear Jaume Matas por las filtraciones a la prensa.
El órgano de inspección de los jueces pedirá un informe al juez José CastroEl servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces pedirá ahora al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, que instruye la investigación sobre el Instituto Nóos, presidido por Urdangarin, que informe sobre esas "filtraciones", como habitualmente con este tipo de denuncias.
Una vez recabados los informes pertinentes, el servicio de Inspección del Consejo remitirá su dictámen a la Comisión Disciplinaria, que decidirá entonces si existe alguna responsabilidad del juez en las filtraciones y si hay motivo para abrir un expediente o, por el contrario, procede archivar la denuncia.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya desestimó el pasado mes de diciembre una querella del abogado de Matas, Antonio Alberca, contra el juez Castro por las filtraciones a la prensa de esta pieza secreta del caso Palma Arena, en la que se investigan las actividades supuestamente irregulares del instituto Nóos.
Alberca, que entendía que se había cometido un delito de revelación de secretos por la publicación en varios medios de comunicación de los autos de registro de varias empresas vinculadas al Instituto también había interpuesto anteriormente una denuncia por las filtraciones ante el propio Castro, que la rechazó.
En ningún momento ha habido la menor filtraciónEn el auto en el que rechazó la denuncia, el juez Castro negaba que se hubieran producido filtraciones en las partes secretas del caso, aunque reconocía que es difícil hacer cumplir el deber general de sigilo sobre la causa debido al gran número de personas con acceso a ella, entre afectados, abogados, procuradores o miembros de la Policía Judicial.
Según afirmaba, sobre el caso concreto de la investigación a Urdangarín, el magistrado aseguró que "en ningún momento ha habido la menor filtración" sobre el auto de su apertura, de cuya existencia sólo se ha tenido conocimiento "por la obligada inserción de una minúscula parte de su faceta dispositiva en el auto que ordenaba determinadas entradas y registros".
"Ni una sola de las resoluciones que han recaído en dicha pieza secreta" hasta el auto de 3 de noviembre, que ordenó las entradas y registros llevados a cabo en Barcelona, como en el Instituto Nóos, "ha trascendido al exterior, ni en su letra ni en su espíritu", añadía.
Asimismo, el juez aseguraba en el auto que no estaba "en condiciones de lanzar la más mínima sombra de sospecha sobre nadie", pero si de plasmar "que un secreto compartido por tan elevado número de personas es en la práctica imposible de guardar con escrupulosa fidelidad".
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