La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Paz González, ha confirmado que el Consistorio, conjuntamente con la Comunidad, estudiará recurrir la paralización parcial de la operación urbanística para levantar viviendas de lujo en el lugar que ahora ocupa el estadio Vicente Calderón y la derruida fábrica de la cervecera Mahou.

Según González, ninguna de las administraciones comparte la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha fallado en contra de que se construyan edificios de más de cuatro plantas (tres pisos más ático) en la zona, y no torres de hasta 20 pisos como figuraba en los planes originales.

A juicio del Ayuntamiento y de la Comunidad, la limitación de alturas "no es aplicable al ámbito Mahou-Calderón" por ser esta una zona "especial" dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid. Según Ignacio González, la limitación de altura es sólo para nuevos desarrollos, no para los consolidados, como es el caso.

El recurso deberá ser presentado ante el Tribunal Supremo (TS) en un plazo máximo de diez días.

La sentencia estima parcialmente el recurso presentado por la asociación Señales de Humo, una facción de accionistas del equipo contraria a la familia Gil (los actuales dueños), anulando el visto bueno definitivo que la Comunidad de Madrid dio a la modificación del PGOU de la capital.

Así, se tendrá que modificar parte del plan de la llamada operación Mahou-Calderón, que supone el derribo del estadio y la cervecera (ya desaparecida por la acción de las máquinas) para levantar en su lugar 2.000 viviendas (en el área de Mahou) y zonas verdes (en la zona del club). A cambio, al club de fútbol se le cederá el estadio de La Peineta, en la otra punta de la ciudad.

Esta operación, realizada a tres bandas entre el club de fútbol, Mahou, el Ayuntamiento iba a suponer, en sus inicios, un estadio nuevo a cambio del antiguo y una serie de ingresos adicionales fundamentales para el Atlético de Madrid, que atraviese un difícil momento económico. Además, se procedería al soterramiento de la M-30 a su paso por el estadio, se crearía una zona verde integrada con Madrid Río y se cederían instalaciones de uso terciario.

El puzle se realizaría como sigue. El Atlético de Madrid pagaría 220 millones de euros para reformar La Peineta, construir una pista de atletismo (vinculada a la designación de Madrid como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos). El importe incluía la mitad del coste de soterramiento de la M-30 y de la urbanización del nuevo ámbito. La otra mitad (65 millones), los aportaría Mahou.

A cambio, ambos ingresarían alrededor de 260 millones con la venta de sus terrenos.

Sin embargo, el trato inicial quedó reducido por la crisis inmobiliaria. En 2008, el acuerdo se plasmó en papel con el Ayuntamiento de Madrid con distintas condiciones, de tal manera que el club solo cambiaría el estadio Calderón (situado en el centro) por uno nuevo, obteniendo una parte de los aprovechamientos urbanísticos.

FCC se incorporaba como cuarta pata y se encargaría de las obras del ámbito, quedándose a cambio con la mayor parte de los beneficios por la venta de los inmuebles y el suelo terciario de la zona.

Sobre si el fallo del TSJM supone la paralización del ámbito y las construcciones, la sentencia apunta que cada torre con más de cuatro alturas deberá obtener de manera individual la autorización de la Comisión de Urbanismo de Madrid. Ello, adjuntando obligatoriamente un informe que justifique la singularidad del edificio.

El Atlético solo ha emitido un breve comunicado en el que asegura que el fallo "en nada afecta a la construcción del nuevo estadio" y remite a FCC. La constructora aseguró este jueves que aún están planteando qué hacer y que todavía no sabe si modificará alguna parte de la operación.