La tensión entre Francia y Turquía por la aprobación en la Asamblea Nacional francesa de una ley que penaliza la negación del genocidio armenio de 1915 se incrementó este lunes después de que el Senado le diera el visto bueno definitivo.

El texto, encabezado por un diputado del partido conservador UMP, el mismo del presidente, Nicolas Sarkozy, prevé castigar con un año de cárcel y 45.000 euros de multa esa negación, y tras siete horas y media de debate y un escrutinio público, fue adoptado con el respaldo de 127 senadores y la oposición de 86.

En ese genocidio, reconocido como tal por la ley gala en 2001, murieron según algunos historiadores entre medio millón y millón y medio de personas consecuencia de la campaña de exterminio organizada por los Jóvenes Turcos, embrión de la formación en la que se apoyó Mustafá Ataturk para fundar la actual Turquía.

Pese a que la proposición no lo cita y alude a todos los reconocidos por la ley gala, en esa legislación solo figura también como tal el genocidio judío durante la II Guerra Mundial, y su negación está castigada con una ley distinta.

La sesión estuvo marcada por la división entre quienes defienden que no es más que de un paso lógico fruto de la ley de 2001, y quienes creen, como la Agrupación Democrática y Social Europea (RDSE), que es una operación inoportuna, peligrosa y electoralista, dirigida a ganar los votos de la comunidad de origen armenio en Francia.

Las autoridades turcas reconocen que hubo matanzas, pero las sitúan en el contexto de la Primera Guerra Mundial, reducen el número de víctimas al medio millón entre los dos bandos y no lo consideran genocidio porque no hubo un exterminio planificado desde el Estado.

Sarkozy dispone ahora de un plazo máximo de 15 días para promulgarla, y ante las advertencias hechas por Ankara desde diciembre pasado si se avanzaba en su aprobación, este pasado viernes escribió al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, para pedirle mesura.

Turquía ha advertido de que además de la congelación de las relaciones políticas y militares decretada en diciembre tras su aprobación en la Cámara Baja, prevé imponer sanciones de carácter económico.

Y en pleno debate, el viceprimer ministro turco, Bülent Arinç, que se encontraba en Estrasburgo, amenazó a Francia con llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos esa proposición, al considerar que supone un riesgo para la libertad de expresión y "es contraria al Convenio europeo de DDHH".

No han faltado por ello en los últimos días los llamamientos de las autoridades galas en favor del mantenimiento del diálogo entre ambos países, que mantienen intensas relaciones comerciales.

Francia es el segundo inversor en Turquía y tiene allí 400 empresas galas, y ese nuevo paso amenaza con privar a esas compañías del acceso a contratos públicos en el país, donde, entre otros, el grupo nuclear Areva y el fabricante de aviones Airbus esperaban obtener ventas.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Alain Juppé, pidió "sangre fría" a las autoridades turcas. "Pido a mis amigos turcos que recuperen la sangre fría", dijo en una entrevista a la televisión "Canal Plus" Juppé, que añadió que les tiende "la mano".