Las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciando que se cambiará la ley para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo debido, han causado bastante revuelo la clase política por la inconcreción de la medida y las múltiples interpretaciones que ha generado.

El ex vicepresidente y exministro de Política Territorial Manuel Chaves asegura que los delitos o irregularidades de este tipo ya están contemplados en la legislación y que una cosa son las "responsabilidades políticas", que se deben exigir en el Parlamento, y otra "los delitos".

"Es lo propio y normal de un Estado de Derecho y cualquier sociedad democrática: el que comete un delito, a la Justicia, las responsabilidades políticas en el Parlamento", ha explicado a los periodistas tras ser nombrado presidente de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Chaves no ha querido concretar más hasta no conocer la propuesta completa del Ministerio.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha dicho que "falsear la contabilidad pública es un delito, por lo tanto, cualquier falseamiento de la contabilidad pública es una infracción penal".

En este sentido, como ejemplo, ha indicado que, "otra cosa distinta" es que "un gestor sanitario prevea 32.725 operaciones menores y haya finalmente 45.000", en este caso "no se va a dejar de hacerlas, pero lo que no se puede hacer es dejar de contabilizarlas". "Esto es lo que yo creo que dice Montoro", opina.

Por su parte, Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, ha asegurado que Montoro pretende actuar como el Tribunal Supremo y le ha acusado de expandir "cortinas de humo" porque la responsabilidad de los gobernantes "es con sus votantes"; cuando éstos cometen un delito, ha añadido, deben responder ante la Justicia.

"Si aplicásemos ese criterio a los bancos, los particulares y las administraciones públicas estaríamos en la locura, en el todos a la cárcel de Berlanga y esa no es la forma de funcionar en un estado democrático", ha comentado en la Cámara Baja. Llamazares ha instado a Montoro a cumplir con su obligación de garantizar "funcione bien la Hacienda pública".

Desde CiU, Carles Campuzano ha calificado de "paternalista" la actitud del Gobierno del PP respecto a las comunidades autónomas, y ha asegurado que quien debe asumir responsabilidades por la gestión de la crisis es el Ejecutivo central y no culpar a los autonómicos, que cuentan con un "margen de actuación limitado".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Campuzano ha remarcado que las comunidades "viven de las transferencias" que autoriza el Estado, asumiendo las responsabilidades "con un margen de actuación limitado".

Por último, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, no cree que que la legislación "dé para tanto" como para permitir exigir responsabilidades legales a los gestores públicos y ha asegurado que es una idea "muy fuerte" de la que no se debe hablar "de momento". Azpiazu ha asegurado que es mejor "convencer" y "llegar a acuerdos" para controlar el déficit publico antes que plantear sanciones legales.

Las primeras aclaraciones han venido de la mano del consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Salvador Marín. Así, ha dicho que "lo que se sancionará será hacer actividades que no están dentro de la legalidad, a la cual nos pongamos todos de acuerdo y que en un Estado de derecho es lo que tiene que ser".

En opinión del consejero murciano, "los que están en cualquier ámbito, en cualquier gestión, tienen que ser responsables con su gestión". En cualquier caso, ha precisado, "eso no cambiará mucho con respecto a lo que había anteriormente, ya que siempre hay unas responsabilidades, dentro de unos parámetros, y hay que definir bien los parámetros en los que nos vamos a mover y ver hasta dónde se puede pedir una responsabilidad".

"Lo mismo que un Consejo de Administración tiene su serie de responsabilidades, aquí habrá que verlas, pero la principal responsabilidad que tiene un gobernante es con aquellas personas que le han votado como las que no le han votado y luego está la opción democracia, de optar por una u otra opción", ha subrayado Marín, para después puntualizar que dentro de los que "sean muy malos gestores a conciencia eso también es sancionable".

Por su parte, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que las sanciones deberían ser retroactivas y que, al igual que ocurre con la deuda, "aquí no debe haber prescripciones". "Creo que se quedó corto el ministro", ha señalado Monago en su visita a FITUR.

"¿Aquí hay una amnistía para los que han gastado como si fueran los dueños de la cafetería, invitando a todo el mundo, dejando a deber y no pasa nada? ¿Pasa a partir de ahora?", se ha preguntado Monago antes de recalcar que él cree que las responsabilidades serán para todos, "para los que están y para los que estuvieron" porque "aquí no hay prescripciones".

Así, ha recordado que Extremadura tiene una deuda de 2.000 millones de euros que hay que pagar. "A mí no me los va a perdonar nadie" -ha continuado- "por lo tanto si no me lo perdonan, no se lo perdonan ni a los de ahora ni a los de antes".