El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho este miércoles que el Ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se pueda exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos.
Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables "Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos", ya sean políticos o personas nombradas por políticos, apuntó Montoro en declaraciones a la Cadena Ser.
El ministro explicó que un gestor público "no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", porque si lo hace estaría falseando la contabilidad pública y guardando facturas en un cajón que luego se vuelven impagables, que actualmente supone uno de los graves problemas de España, afirmó el ministro de Hacienda.
Recordó que los gestores privados tienen que hacer frente a responsabilidades penales si falsean las cuentas de sus empresas, sobre todo si éstas cotizan.
Además, con una medida como esta se pretende que haya rigor en la gestión de un gobierno, añadió Montoro, que apuntó que si un ejecutivo quiere gastar más "que lo haga subiendo los impuestos a los ciudadanos" y que éstos decidan después en las elecciones si el proceder ha sido el correcto.
El estado también podrá intervenir temporalmente
El Gobierno y las Comunidades Autónomas alcanzaron este martes un "compromiso de Estado" por el equilibrio presupuestario que incluye sanciones paras las regiones incumplidoras o incluso la intervención temporal para el saneamiento de las que incurran en problemas muy agudos de liquidez o no puedan asumir su financiación.
Tras la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Gobierno de Mariano Rajoy, Montoro ha dicho que al igual que en la UE las sanciones serían en primer término de carácter económico, y podría llegarse a la citada intervención "en términos hacendísticos", no de quitar competencias, si la situación se agrava.
Para evitar estos problemas de liquidez, se pondrá en marcha una nueva línea ICO, pendiente de concretar, para que las comunidades puedan afrontar pagos pendientes con proveedores, entre otras cosas.
En cuanto a la línea de crédito del ICO que está previsto que se ponga en marcha para que las administraciones públicas puedan pagar a sus proveedores, Montoro dijo que el objetivo es que esté lista "en un par de meses".


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