Gobierno C-LM "da la razón" a quienes impugnaron una resolución del Ejecutivo del PSOE sobre Estatutos de Fundación CCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a su gabinete jurídico a "allanarse" --no formular oposición-- en los autos referentes a la modificación de los Estatutos de la Fundación de Caja Castilla-La Mancha, mediante una resolución de la Consejería de Economía del anterior Ejecutivo socialista, que fue impugnada por algunas instituciones, entidades y colectivos afectados, a quienes ahora la Junta viene a "dar la razón".
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a su gabinete jurídico a "allanarse" —no formular oposición— en los autos referentes a la modificación de los Estatutos de la Fundación de Caja Castilla-La Mancha, mediante una resolución de la Consejería de Economía del anterior Ejecutivo socialista, que fue impugnada por algunas instituciones, entidades y colectivos afectados, a quienes ahora la Junta viene a "dar la razón".

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Leandro Esteban, ha señalado que este acuerdo permite "dejar expedito el camino para que la justicia pueda terminar concluyendo que la Fundación estaba constituida de manera ilegal".

Esteban ha detallado que la resolución adoptada en su día por la Consejería de Economía instaba a que el patronato de la Fundación CCM se constituyera no por entidades sino por personas, contraviniendo así el mandato de la propia Asamblea General de CCM, la Ley de Cajas y la Ley de Fundaciones.

Ahora, el Gobierno de Castilla-La Mancha da la razón "a quienes en su momento pretendían que se impugnase y se dejase sin contenido a esa resolución" sobre la modificación de los Estatutos, un tema que durante la pasada legislatura —ha reconocido— fue "muy controvertido y polémico".

Camino de la justicia

A juicio de Esteban, el acuerdo de ahora evidencia que "el camino de la justicia va abriéndose camino" y lo que el informe de los servicios jurídicos deja "claro" es que "la vicepresidenta económica de la Junta tomó una resolución que no se ajustaba a derecho, y a la que los tribunales tendrán que poner fin mediante la oportuna sentencia".

El camino iniciado, ha concluido el portavoz del Gobierno regional, "continúa en dirección a dos objetivos claros: buscar la responsabilidad de los antiguos gestores y que los ciudadanos conozcan la verdad".

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