"Presentaremos en el primer trimestre de 2012 una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información pública, como un derecho de los ciudadanos y un principio básico de actuación de las Administraciones". Con estas palabras prometió Mariano Rajoy en su debate de investidura cumplir un objetivo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nunca llegó a aprobar.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no cuenta con una ley de transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública, junto con Grecia, Luxemburgo, Malta y Chipre. A pesar de que el presidente del Ejecutivo en funciones incluyó este proyecto en su programa electoral de 2004, Zapatero nunca cumplió ese compromiso.

En julio de 2011, el Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto de ley para regular ese derecho de los ciudadanos de conocer cómo actúan los poderes públicos. Sin embargo, el adelanto electoral impediría que esta normativa se pusiera en práctica en la legislatura socialista.

En ese texto preliminar, se enumeraban primero los motivos por los que es necesario dotar de mayor transparencia a la administración pública, ya que "un Gobierno transparente es un gobierno que genera confianza", y después los métodos de acceso a dicha información.

Basándose en las técnicas y el modelo internacional y en artículos ya regulados por la Constitución española, el texto asegura que "todas las personas tienen derecho a acceder, previa solicitud, a la información pública" salvo en algunas excepciones, como por motivos de seguridad nacional, de intereses económicos y comerciales o por el secreto profesional, entre otros. Ahora, con el cambio de Gobierno, habrá que partir de cero.

Fue el impulso de ONG como Info Access y la Coalición Pro Acceso las que tuvieron una importancia fundamental en la elaboración de la ley de transparencia. Estas plataformas civiles, apoyadas desde un primer momento por el movimiento 15-M, creen firmemente en que "el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona".

Partiendo de esa base, exigen que ese derecho se aplique "a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas" a través de iniciativas como campañas informativas y jornadas de puertas abiertas.

El 27 de noviembre de 2008, la UE aprobó el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos, un tratado que establece el derecho a solicitar "documentos públicos", que se definen como toda aquella información que las entidades públicas poseen.

Entre los mínimos que establece este convenio destacan que cualquier persona puede ejercer este derecho sin tener que demostrar un interés particular en la información que se solicita, que no debe existir coste alguno en rellenar las solicitudes y ver los documentos y que el derecho debe aplicarse a todas aquellas entidades que realizan tareas administrativas.

Países como Eslovenia, Hungría, Serbia, Finlandia y Noruega ya se han sumado a este tratado. Actualmente, España aún no ha ratificado este convenio.