Agricultores y vecinos de varias localidades de la comarca granadina de Los Montes y de la comarca jiennense de Sierra Mágina han anunciado este miércoles su intención de llevar ante la Fiscalía a la Junta de Andalucía por las obras inacabadas de la A-323, que comenzaron en junio de 2008, por supuesta mala utilización de fondos públicos.

Además, según han informado en rueda de prensa conjunta el secretario general de Asaja Granada, Manuel del Pino, el alcalde de Guadahortuna, Juan Jiménez Martín, y el propietario del complejo cinegético Las Encebras, Juan Carlos Atero, planean la ocupación de la Delegación de la Consejería de Obras Públicas el próximo 15 de diciembre.

Los agricultores y vecinos de localidades como Belmez, Cabra del Santo Cristo, Campotéjar, Domingo Pérez, Dehesas Viejas, Iznalloz, Guadahortuna, Huélago, Huelma, Montejícar, Moreda y Torrecardela dicen sufrir desde hace tres años y medio numerosos problemas por las inacabadas obras de acondicionamiento de la A-323, como el impago de las expropiaciones de 2008, nuevas expropiaciones sin información pública a finales de 2010, impedimentos para realizar las labores agrícolas, pérdida de cosechas, robos en los cortijos (por la inexistencia de tránsito y el aislamiento que conlleva), rodeos de cuarenta y cincuenta kilómetros para desplazarse de unas localidades a otras y hundimiento de negocios por el cierre de sus accesos.

Los afectados comenzaron a tomar posiciones avisando de la paralización de las obras de la A-323 Guadahortuna-Iznalloz durante el mes de julio (estuvieron paralizadas anteriormente un año entero, desde noviembre de 2009 a noviembre de 2010). Asaja criticó entonces "los desmanes de la Junta de Andalucía con el eterno proyecto de acondicionamiento", presupuestado en 15,7 millones y con un plazo de ejecución de doce meses "incumplido de forma patente".

En ese primer "envite" se consiguió el reinicio de las obras, "que resultó solo un amago". "Las máquinas trabajaron tres semanas extendiendo suelo y volvieron a parar. De nuevo se puso en evidencia esta situación a primeros de noviembre, sin respuesta alguna por parte de la Administración autonómica. La realidad actual es que la carretera sigue cubierta de tierra, sin asfaltar, impracticable para el tránsito", han señalado.

Ahora los perjudicados han decidido emprender una ofensiva más fuerte con el respaldo de los alcaldes de los municipios damnificados. La estrechez, la ausencia de arcenes, curvas cerradas y continuos cambios de rasante del antiguo trazado no son impedimentos en las comunicaciones de menor calado que los actuales: aislamiento, total inaccesibilidad y grandes pérdidas económicas. "La paciencia se ha agotado y se van a tomar medidas de presión".