El colectivo Justicia y Sociedad y el abogado Felipe Campos, personados como acusación popular en el 'caso Las Teresitas', van a recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que elimina la imputación de cohecho a varios de los participantes en la trama urbanística, entre ellos el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo.

Su portavoz, José Pérez Ventura, que ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en compañía de Campos y el portavoz de Por Tenerife, José Manuel Corrales, aseguró que el sobreseimiento "no es firme" y que, en su opinión, "hay indicios suficientes de soborno". "Un pelotazo como éste es impensable sin que esté aderezado mediante el pago de sobornos", comentó.

Pérez Ventura exigió también a la Fiscalía Anticorrupción que "explique" el sobreseimiento porque a su juicio, da la impresión de que hay una justicia "asimétrica, fuerte con el débil y débil con el fuerte". Campos fue más allá y dijo que se le ha "pasado la pelota" al TS "porque no se han querido mojar pese a que los indicios son demoledores".

En su opinión, la actuación de la magistrada Carla Bellini "no ha sido razonable" y por ello, pidió "más independencia judicial" ya que ahora, "los políticos ponen a los jueces". "Lo que hay aquí es un grupo de presuntos delincuentes que se ha apoderado de las instituciones. Se pusieron de acuerdo para infringir la ley y que los empresarios se llevaran 120 millones de euros", explicó.

Además, José Manuel Corrales anunció que su formación política (Por Tenerife) ha registrado en el Ayuntamiento una moción que propone reprobar a todos los participantes en la operación de Las Teresitas. El documento contempla también que el consistorio se persone como acusación particular en el caso y que se continúe con las tareas para recuperar los 52 millones de euros que la corporación local gastó en la compra-venta del frente de playa.

Corrales definió el caso como "la mayor operación especulativa de la historia de Canarias" y una "estafa al pueblo", y exigió responsabilidades políticas. "Ha sido una operación para expoliar recursos públicos de lo que en otro tiempo era una banda de cuatreros", comentó.

El portavoz de Por Tenerife dijo también que la moción va a "retratar" a los partidos políticos y concejales de la corporación local, y recordó que sobre el exalcalde aún pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. "Por menos, Francisco Camps ha dimitido en Valencia. Aquí hay algo que huele mal", explicó.