El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado una multa de 12.000 euros impuesta por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a la Comunidad de Propietarios Residencial El Molino por el vertido de aguas residuales al cauce del río Cabañaperaza en Castro Urdiales.

La Sala de lo Contecioso-Administrativo del TSJC ha desestimado el recurso de la comunidad de propietarios, ya sancionada con anterioridad, que solicitaba la nulidad de la sanción impuesta por la CHC en marzo de 2009 alegando falta de identificación de las muestras de agua, desconocimiento de los resultados y vulneración del derecho a un procedimiento con todas las garantías procesales, entre otros argumentos.

El abogado del Estado mantiene que la toma de muestras del vertido se ha ajustado escrupulosamente a las previsiones normativas y se han respetado todas las garantías procedimentales, asegurando que la parte demandante ha tenido "pleno conocimiento y acceso total" al expediente administrativo. Además, advierte de una conducta continuada de vertido no autorizado y defiende la correcta tipificación, motivación y proporcionalidad en relación al cálculo de los daños, máxime teniendo en cuenta que la multa impuesta está "muy lejos" del umbral máximo previsto en la ley.

La Sala de lo Contencioso estima que la cuantía de la multa se justifica por constituir una infracción continuada prolongada a pesar del conocimiento que tenían de ello los representantes de la urbanización.

Además, entiende que la "versión" de la comunidad de propietarios "no se ajusta a la realidad" de lo actuado que reflejan las actas correspondientes a las visitas de inspección realizadas, y añade que sus cálculos "no son más que meras alegaciones huérfanas de razones de ciencia", no habiendo conseguido "contrarrestar la veracidad de los informes y de la analítica" aportada, ya que ni siquiera ha realizado contraanálisis de las muestras de las que se hizo cargo su representante.