El PRC en el Ayuntamiento de Torrelavega ha exigido este miércoles al alcalde, Ildefonso Calderón, que convoque "urgentemente" una Junta de Portavoces en la que aclare a los distintos grupos municipales la situación "actual y real" de la Casona municipal, sede del Consistorio.

En un comunicado, el portavoz del grupo regionalista, Pedro Pérez Noriega, ha justificado esta reclamación por la "preocupación" que ha generado en el PRC las declaraciones realizadas por Calderón en un medio de comunicación en relación al "supuesto empeoramiento" del estado de este inmueble y de la "gravedad" en la que se encuentra.

Los regionalistas han alertado de que se está hablando de la seguridad de los trabajadores municipales y de los vecinos que cada día acuden a las dependencias del Consistorio para realizar sus gestiones.

Por este motivo, el PRC ha advertido que "no puede admitir" que Calderón afirme "algo tan grave" en un medio de comunicación "sin, previamente, haber informado a los grupos de la Corporación y a los sindicatos de que existe un "riesgo" para la "integridad física" de los trabajadores y usuarios del Ayuntamiento.

Los regionalistas han reclamado que, en la Junta de Portavoces, el alcalde "dé a conocer los informes" que advierten de la existencia de "tal riesgo" y de si se trata de una "situación de extrema gravedad", así como que explique los "pasos" que se van a dar si se hace "necesario acometer de manera urgente el desalojo de las dependencias municipales".

Por otro lado, Pérez Noriega ha recordado que ya la pasada legislatura los regionalistas denunciaron "en numerosas ocasiones" el estado del edificio y alertaron de la "necesidad de acelerar el traslado de las dependencias municipales para evitar cualquier riesgo", una reclamación a la que el equipo de Gobierno del PSOE contesto que, según un informe realizado en diciembre de 2010, "el estado del edificio del Ayuntamiento era perfecto".

Ante las "diferentes conclusiones" sobre este informe, el portavoz regionalista ha opinado que resulta "necesario" que el equipo de Gobierno informe sobre la "situación real" del inmueble y "confirme o desmienta" si existe un "riesgo evidente" para la seguridad de los empleados municipales y de los vecinos.