El pasado viernes supimos que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los desahucios tramitados por los juzgados españoles en el segundo trimestre del año sumaron un total de 16.464 ejecuciones, un 21,2% más que en el mismo período de 2010.

Son muchos. Detrás de cada uno de ellos se esconde un drama: una familia que queda en la calle. Pero la cosa puede ser aún peor.

Ya decía el Poder Judicial que muchas de las solicitudes de desahucio están pendientes de ejecución, lo que hace prever un aumento de las cifras a final de año respecto a 2010.

Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) ha calculado que más de 160.000 familias españolas se encuentran inmersas en procesos de ejecución hipotecaria que aún no han concluido en el desahucio, que podría producirse antes de que finalice el año.

Según los números de Adicae, existen más de 270.000 hipotecados que tienen cuotas impagadas y aún no han sido demandadas por sus respectivas entidades financieras, así como 140.000 familias que han sido embargadas desde 2008.

El CGPJ asegura que en lo que va de año ha habido ya 32.010 embargos, casi tantos como en todo el año 2009. En 2010 fueron 47.809 embargos.

La asociación considera que los datos de embargos dados a conocer por el Poder Judicial "expresan la extrema gravedad social y económica del problema hipotecario en España".

Adicae suma así más argumentos para volver a reclamar al Gobierno la aprobación de una moratoria a los embargos que evite que miles de ciudadanos pierdan su vivienda en los próximos meses.

Considera esta asociación de usuarios que esta moratoria se podría aprobar por decreto del Consejo de Ministros, antes de las elecciones generales del 20 de noviembre, ya que el Gobierno, hasta la fecha, la "única respuesta que ha dado a las propuestas es que las trasladaba al Ministerio de Economía".