La crisis económica ha destruido en gran medida el empleo no cualificado, ya que si se compara 1985 con 2011, la situación en la última fase de la vida laboral de los varones entre 53 y 64 años, se aprecia que la desocupación de los que a finales de los ochenta poseían sólo educación primaria se ha desplazado hacia los que actualmente sólo poseen educación secundaria.

Ésta es una de las conclusiones del artículo realizado por Luis Garrido (UNED) y Rodolfo Gutiérrez (Universidad de Oviedo), que recoge este mes el número 13 de la revista 'Panorama Social: Retos actuales de la sociedad española', editada por Funcas.

En concreto, el análisis, que compara la estructura por edad de las tasas de empleo de los varones españoles en las crisis de 1985, 1994 y 2011, muestra una semejanza y desplazamiento de la desocupación por nivel de estudios, lo que ha hecho que los expertos cuestionen si realmente un incremento del nivel educacional en España será suficiente para resolver el problema del desempleo.

Asimismo, en dicho número otro estudio de Julio Carabaña (Universidad Complutense) mantiene que la mejora de la economía no requiere tanto el aumento de las tasas de graduados en educación secundaria, sino una mayor apertura de acceso a la formación profesional.

Mientras que Víctor Pérez Díaz (Analistas Socio-Políticos, ASP) y Juan Carlos Rodríguez (Universidad Complutense y ASP) aúnan el concepto de capacidad de innovación productiva con la cultura moral de un país, destacando que en España existe un bajo arraigo a los factores culturales, en comparación con los de otros países europeos.

En cuanto al potencial de crecimiento económico y aumento de la productividad de España, Guillermo de la Dehesa, Center for Economic Policy Research, afirma que el mayor problema del país para mejorar el nivel de productividad e innovación es su déficit de capital humano.

De la Dehesa identifica como razones del bajo crecimiento económico español el ajuste fiscal, el elevado endeudamiento externo del sector privado, los problemas de las entidades financieras para refinanciar la deuda en los mercados mayoristas, y la situación del sistema bancario, cifrando en 50.000 millones de euros los activos inmobiliarios de dudoso cobro que posee en su valor.