En las últimas elecciones generales, en marzo de 2008, 778.659 personas votaron a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que finalmente no obtuvieron representación en el Congreso de los Diputados. Entre ellos, el Partido Comunista de los Pueblos de España, el Partido Humanista, Eusko Alkartasuna, Falange Española o Independientes por Cuenca. En total, 88 formaciones (3,05% de los sufragios). El 20 de noviembre puede que muchas de ellas no reciban ni un solo voto. ¿Por qué? Porque no habrán podido ni siquiera presentar sus candidaturas. Necesitan, dice la ley, un número concreto de firmas de ciudadanos que deberán obtener en tres semanas.

En enero se reformó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y, entre otras cosas, se decidió que los partidos, federaciones o coaliciones que no estuvieran representados en "ninguna de las Cámaras" necesitarían un mínimo de firmas para concurrir en la siguiente convocatoria al Congreso o al Senado: el 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción -en el caso de elecciones generales, las provincias- por la que se presenten. Por ejemplo, y partiendo de los datos del censo electoral actualizados a 1 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística, hacen falta 4.643 firmas en la provincia de Madrid o 988 en Asturias. Si la candidatura es nacional, 35.728.

En resumen: si el Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal o el Partido Carlista quieren volver a presentarse en la capital española, tendrán que reunir más de 230 apoyos diarios.

El porcentaje aumenta en el caso de las agrupaciones electorales al 1%. Y el plazo es muy escaso: 20 días, entre la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria de los comicios -el 26 de septiembre- y la presentación oficial de las candidaturas. El problema es que la Junta Electoral Central no ha establecido hasta este viernes el mecanismo para recoger y presentar las firmas tras retrasar varias veces la decisión. Una situación algo esperpéntica y "de escándalo", según la diputada Nuria Buenaventura, de ICV, que lo considera un elemento más para que "el bipartidismo se vaya asentado" en nuestro país, explica a 20minutos.es.

La instrucción de la JEC no incluye excesivas trabas: los datos que tiene que aportar cualquier persona para dar su apoyo son nombre y apellidos, número de DNI, fecha de nacimiento y firma. Además, la Junta contempla "la recogida de avales mediante firma electrónica"; es un paso, ya que incluso en la era de Internet la JEC lo tramita "todo por fax", dice con sorna Buenaventura, que cree sin embargo que para las formaciones pequeñas el proceso será "complicadísimo".

A las coaliciones, como la que tiene ICV en el Congreso con IU, no les afecta nada de esto, aun así el partido catalán muestra su desacuerdo con una norma contra la que se posicionó. "Año tras año se saltan el límite que ellos mismos imponen a que se pueda vivir la democracia con más facilidad", explica Buenaventura, aludiendo a PP y PSOE. Para Juan López de Uralde, candidato a La Moncloa por Equo, la reforma de la ley electoral "es injusta, nos pone en una situación de inferioridad". Su partido es de nueva creación y presenta listas en todas las comunidades excepto en Cataluña, donde suscribirá un acuerdo de colaboración con ICV.

Ahora que la Junta se ha pronunciado, se sentarán "para preparar la forma de recoger las firmas"; aún no saben cómo lo harán, pero las tradicionales "mesas en la calle" tendrán un peso importante, ya que son "una oportunidad para explicar a la gente lo que es Equo", explica a 20minutos.es, "congratulándose" de que la JEC no haya complicado demasiado las cosas.

López de Uralde es optimista. Equo tiene prácticamente cerrada "casi la mitad" de los apoyos a su candidatura en forma de preavales a través de la web yoavalo.org, una herramienta virtual que puso en marcha Pirates de Catalunya para llenar el vacío procedimental y a la espera de conocer la manera de presentar las firmas. Cree que desde las elecciones de 2008 hasta hoy se ha producido un cambio importante en la ciudadanía y en su "alejamiento de los grandes partidos", por eso califica de "buenas" las posibilidades que tiene su partido y pronostica que logrará cinco escaños: "Dos en Madrid, dos en Valencia y dos en Cataluña", contando con sus aliados de ICV.

En total, pretende agrupar el 3% de los votos. Su tarea ahora es la de mejorar el "nivel de conocimiento" que la población tiene de Equo, una labor que necesitará de la implicación de los simpatizantes del partido. Ni se plantean acudir a una empresa, por ejemplo, para que recoja sus avales, como podrían hacer otras formaciones con recursos. Es la "vía del marketing", a la que los más pequeños no podrán recurrir, explica Ramiro Viñuales Ferreiro, coordinador del partido Por Un Mundo Más Justo. Su formación obtuvo en últimas elecciones generales mas de 23.000 votos y mejoró notablemente sus resultados en los comicios autonómicos y municipales de mayo, por eso cree que "la legitimidad la dan los votos, y no los avales".

Aunque no jurídicamente, la reforma de la ley electoral, dice Viñuales, vulnera el artículo 1 de la Constitución en relación a la pluralidad política. "Durante toda la legislatura los partidos no se han puesto de acuerdo en casi nada, pero sí en esta reforma que perjudica a los minoritarios", añade Viñuales, recordando que solo 10 diputados votaron en contra de la misma. El debate se centró en "el censo de residentes ausentes" y no en los partidos pequeños. Sobre lo dicho por la JEC, expresa "cautela", principalmente en algunos aspectos, como el de no solicitar la copia del DNI a los avalistas o que la comprobación de todas las firmas se haga en 24 horas mediante un "muestreo aleatorio", según explica la instrucción.

"¿Cuánto dinero y cuánta gente van a dedicar a revisar todas las firmas?", se pregunta criticando la "burocracia innecesaria" que provocará el proceso. Su estrategia de cara a la recogida de firmas pasará también por las acciones de calle, en algunos sitios "a lo mejor conjuntamente con otros partidos", por la movilización de voluntarios y también por algunos gestos, como el envío a los 350 diputados del Congreso una carta en la que se les pedirá su aval "ya que ellos no lo necesitan". Por Un Mundo Más Justo no cree que vaya a tener problemas en Madrid, "aunque si no llegamos en alguna provincia tendremos que desechar la candidatura". Lo intentarán por todos los medios y aún dudan de si tendrán que invertir dinero en ello.

Todos parecen tener claro que "la plaza más difícil es Madrid", comenta a 20minutos.es Mariano Navarro, presidente del Partido Castellano de Madrid, que tras la reforma de la ley electoral -"nos parece fatal, es anticonstitucional"- se adhirió a la plataforma hartos.org, una coalición que ya aglutina a 27 formaciones como el Partido de Internet, el Partido de los Pensionistas en Acción o el Partido Gays y Lesbianas, entre otros. Todos juntos intentarán "hacerlo posible" y conseguir los avales necesarios en las distintas circunscripciones. Una fórmula de apoyo colectivo que impida, según otro de los miembros del partido, "que nos quiten del medio".

El Partido Castellano, a nivel nacional, surgió en 2009 tras la "refundación del castellanismo político", a partir del un congreso de Tierra Comunera, formación que en 2008 logró en toda España 4.796 votos. El Partido Castellano de Madrid coordina la coalición en la capital; en Barcelona lo hace Ciudadanos en Blanco. Tendrán que esperar, no obstante, a que el Ministerio del Interior reparta entre los partidos "el modelo ajustado" de impreso para recoger las firmas para el 20-N. Una persona solo puede avalar a un partido, federación, coalición o agrupación, y además, debe estar "inscrita como elector en la circunscripción correspondiente a la candidatura que pretenda avalar", dice la JEC. La carrera comienza el 26 de septiembre.