La suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es consecuencia del recurso presentado por el Abogado del Estado que alegaba la irreparabilidad o difícil reparación de los daños que la ejecución de este decreto puede ocasionar.
Según él, la plena vigencia de la disposición impugnada durante todo el tiempo que dure la tramitación del proceso podría, en caso de ser estimado, producir un grave menoscabo del principio de seguridad jurídica.
En la resolución judicial se recuerda el principio de primacía del Derecho Comunitario, ya que está en vías de trasposición de la Directiva Comunitaria relativa a las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos.
A juicio de la Sala, en el presente supuesto se advierte un riesgo de que, de no adoptarse la medida cautelar de suspensión, el proceso pudiera perder su finalidad legítima.
Madrid recurrirá
El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende la "escrupulosa legalidad" del decreto que regula los depósitos privados de sangre de cordón umbilical en la región y anunció que recurrirá la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Desde la Consejería que dirige Manuel Lamela se considera que esta decisión judicial, a instancias del recurso presentado por el Gobierno a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, "viene a frustrar las esperanzas de muchos miles de madrileños que ya habían decidido hacer uso de los depósitos privados de cordón en la región en los próximos meses".
Cuestiona por ello "quién debería responsabilizarse de reparar los perjuicios -económicos entre otros- que desde hoy mismo afectan a las madres que se verán obligadas a seguir depositando la sangre de cordón de sus hijos fuera de España".
La Consejería de Sanidad considera además que la decisión del Ministerio de recurrir el decreto regional ha dejado a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid sin la posibilidad de ejercer libremente un derecho del que ya disfrutan otros muchos países de la Unión Europea y del mundo.
También sostiene que dicha postura "resulta aún más incomprensible" habida cuenta de que el Ministerio de Sanidad anunció recientemente su voluntad de consentir la autorización de depósitos privados de cordón en España, "poco después, eso sí, de haber valorado públicamente que no era oportuna la creación de estos depósitos".
Por todo ello, la Consejería de Sanidad y Consumo anuncia en su escrito que el Gobierno que preside Esperanza Aguirre "agotará todos los recursos jurisdiccionales a su alcance, incluido el Tribunal Constitucional, con objeto de que se levante la suspensión decidida por el TSJM y de que se restablezca la cordura y respeto por el derecho a la libre elección de las personas".
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