El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha ordenado este miércoles incoar expediente por falta grave a tres agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) -antidisturbios- por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

Así lo han informado fuentes de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que había abierto una investigación después de la difusión de un vídeo grabado el pasado día 18 en Madrid en el que se ve cómo un agente abofetea a una joven y después éste y otros policías propinan en el suelo patadas a un fotógrafo.

Los tres policías expedientados son un subinspector y dos agentes, según fuentes conocedoras del proceso disciplinario abierto. Estas mismas fuentes han precisado que el subinspector expedientado ha sido identificado a partir de las imágenes y fotografías difundidas tras el incidente en el que fueron agredidos una joven y un fotógrafo.

Por Internet circulan multitud de versiones y denuncias sobre este episodio e incluso han surgido iniciativas para tratar de identificar al presunto agresor. Actualmente en 'Facebook' hay un espacio con más de 16.000 seguidores llamado "Identificar y difundir al policía de la agresión a la joven" en el que se pide la colaboración ciudadana y se muestran diversas fotos de este subinspector.

Por otra parte, las primeras pesquisas de la investigación policial interna iniciada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid apuntaban también a la actuación de una agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) a la que, según las imágenes, consideran autora del primer golpe contra la joven.

Los hechos tuvieron lugar después de una protesta contra la actuación policial durante la marcha laica que había tenido lugar el día anterior en Madrid y que terminó con la intervención de los antidisturbios cuando algunos de los manifestantes increparon en la Puerta del Sol a peregrinos que asistían a la Jornada Mundial de la Juventud.

Según la Ley Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, la sanción que puede imponerse por una falta grave es la de suspensión de funciones desde cinco días a tres meses. La incoación del expediente supone el inicio de un procedimiento que incluye la toma de declaración de los agentes investigados y la práctica de cualquier otra prueba que se considere necesaria, después de lo cual el instructor designado formulará el correspondiente pliego de cargos.

En él, y si aprecia infracciones disciplinarias, reflejará todos y cada uno de los hechos sancionables, con su posible calificación jurídica, así como las sanciones que puedan aplicarse, según recoge el citado régimen disciplinario. El expedientado tendrá entonces un plazo de diez días para contestar y proponer a su vez la práctica de pruebas.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Felipe Brihuega, ha manifestado que considera que el Ministerio del Interior "ha cedido ante la presión mediática" y ha añadido que también hubo gente que se "extralimitó" con los agentes.

En su opinión, "no es justificable pero sí es entendible" que en un momento dado haya habido agentes que se hayan podido "extralimitar" como consecuencia de haber "estado sometidos a insultos, vejaciones, escupitajos, etc".

"También la policía tiene vídeos de personas que se extralimitan con los agentes. Se les escupe o se les mea", ha asegurado Brihuega, al tiempo que ha pedido que también se saquen esas imágenes y que ha preguntado "por qué ante la presión mediática no se defiende a los policías de otra manera". "Quieren acallar a la opinión pública", ha afirmado.

El representante del SUP ha concluido señalando que al Ministerio del Interior "se le ha ido" este tema "de las manos" y, ante la "presión mediática, esto es lo que se le ha ocurrido".

Por su parte, el vicesecretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, ha manifestado que Interior ha tomado "una decisión de cobardes" y ha puesto a disposición de los policías el gabinete jurídico del sindicado.

"Lo fácil es lo que ha hecho la Policía a instancias del Ministerio y del PSOE, que es quien ha iniciado esta caza de brujas", ha manifestado Nebrera, que ha calificado de "sorprendente" esta decisión "después de tres meses en los que se ha estado vulnerando la Ley de Reunión y Manifestación" en las calles de Madrid.

"La Delegación del Gobierno ha permitido que vejen, provoquen e incluso presenten denuncias falsas contra los agentes", ha dicho el representante sindical, que ha lamentado que la autorización del paso de la marcha laica por la Puerta del Sol acabe traduciéndose en esta decisión.