Están en el ojo del huracán. Son 38, están en todas las provincias españolas a excepción de las Comunidades Autónomas uniprovinciales. Son las diputaciones provinciales. La clase política española coincide en que, tal y como están ahora, no pueden seguir, pero no se ponen de acuerdo en cuál es la solución, si su transformación o su disolución.

La polémica no es nueva, pero la ha reavivado esta semana la declaración del candidato socialista a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Hay que revisar profundamente el papel de nuestras diputaciones, porque, tal como están configuradas son una cuarta administración que, a mi juicio, sobra". La última palabra es la clave. ¿Sobran las diputaciones provinciales?

Este jueves Rubalcaba insistía: "Las diputaciones han cumplido un papel", pero ha llegado el momento de reconsiderarlas porque su supresión supondría "un ahorro de 1.000 millones de euros y de 1.000 cargos políticos".

Las diputaciones provinciales fueron concebidas en 1812, aunque empezaron a funcionar en 1836. Actualmente existen 38. No las tienen las comunidades uniprovinciales (Madrid, La Rioja, Asturias, Cantabria o Murcia). Se dedican a prestar servicios de carácter supramunicipal. Gestionan, por ejemplo, la recogida de los residuos, el ciclo hidráulico, la extinción de incendios o el transporte entre municipios. También prestan asistencia jurídica a municipios de pequeño tamaño. Disponen, en 2011, de un presupuesto de 6.000 millones de euros. Tienen su propio Parlamento y el número de diputados es proporcional a la población. Hasta 500.000 habitantes: 24 diputados. Entre 500.000 y un millón, 27; Del millón a los 3,5 millones, 31 y de 3,5 millones en adelante: 51 diputados.

La crítica más común sobre la funcionalidad de las diputaciones provinciales es que muchas compentencias se solapan con los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. También el hecho de que más de la mitad de su presupuesto se destine al pago de personal.

El principal partido de la oposición, el Partido Popular, reprocha a Rubalcaba haber devuelto el debate de las diputaciones a la palestra cuando tras las últimas elecciones el PSOE ha perdido la mayor parte de las mismas, según declaraciones de su portavoz Ana Mato. En poder socialista quedan 11 diputaciones por las 26 que gobierna el Partido Popular.

El primero que habló de suprimir las diputaciones fue José Blanco, portavoz del Gobierno y ministro de Fomento. Lo hizo en 2010 y puso como excusa la crisis económica. Esta semana Blanco ha vuelto a defender la tesis de la supresión. "Se trata de muchos cargos públicos que se pueden eliminar, de muchos millones de euros que se pueden ahorrar prestando los mismos serivicios al conjunto de los ciudadanos", ha dicho.

El expresidente socialista Felipe González, en enero de este año, proponía "un plan de ahorro relativamente sencillo y no doloroso en términos de empleo: que nos quedemos con la administración local, la autonómica, la estatal y la de Bruselas, y que suprimamos las intermedias", en referencia a las diputaciones.

El Partido Popular no se plantea dicha supresión. Ana Mato las defiende aludiendo a que "hay 15 millones de ciudadanos que dependen de las diputaciones y sacan beneficios de ellas". Sin embargo, el PP sí se plantea "una reforma y una modernización" de la administración pública completa.

El encargado de asuntos económicos del PP, Cristóbal Montoro, ha abogado por un plan que evite la duplicidad de funciones. Montoro cree que en España es necesario "clarificar competencias de las administraciones públicas y depurar por tanto las propias plantillas". El exministro de Hacienda ha subrayado que el PP no quiere hacer un plan de recorte sino "un plan de reordenación" del sector público "evitando la superposición de competencias".

Sin embargo, dentro de los propios partidos salen políticos quintacolumnistas. En el PSOE, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, considera las diputaciones buenos instrumentos al servicio de los ciudadanos. Mientras tanto, en el PP, el presidente murciano, Ramón Luis Valcarcel, aboga por la disolución de unas instituciones administrativas que, según opina, "no tienen ningún sentido".

Este mismo año ERC, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) hicieron una proposición al Congreso de los Diputados de suprimir estos organismos supramunicipales. El Congreso rechazó su moción, pero aceptó estudiar una redefinición de la funciones de las diputaciones.