Las grandes inmobiliarias, que tanto dinero ganaron en los años dorados del ladrillo español, piden ayuda al Estado. Dado que no acaba de verse la luz al final del túnel, las inmobiliarias han solicitado al Gobierno medidas que ayuden a reestructurar y redimensionar "de forma más eficiente" el sector. Para ello sugieren hacer integraciones y fusiones entre empresas.

Y para ello, las grandes compañías del ramo, integradas en el llamado G-14, piden que las operaciones de fusión y compraventa de inmobiliarias queden exentas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que actualmente grava estas transacciones.

Las inmobiliarias consideran una "injusta discriminación" respecto a otros sectores el hecho de que una empresa o inversor que tome más de un 50% del capital de empresa inmobiliaria tenga que abonar en concepto de este impuesto el importe equivalente al 7% del valor total de los activos de la firma comprada.

Según el G-14, la aplicación de este impuesto, que no se aplica a operaciones corporativas entre empresas de otros sectores, "encarece de tal manera estas operaciones, que en la práctica las convierte en prácticamente imposibles y prohibitivas".

Estas fuentes consideran que la existencia de esta tasa ha impedido fusiones que hubieran "permitido un ajuste menos traumático en el sector". La demanda de las inmobiliarias piden que este impuesto se suprima para las operaciones corporativas, no para el resto de operaciones de compra venta de activos inmobiliarios puntales.

La crisis ha pasado como un tifón por encima del sector inmobiliario, y la calma aún no ha llegado. De hecho, según datos de Tormo & Asociados, entre 2008 y 2011 han desaparecido más de 40 redes inmobiliarias (entre ellas algunas tan asentadas como Fincas Corral, ERA o Coldwell Banker) y unas 4.000 oficinas. Ello ha supuesto la supresión de 15.000 puestos de trabajo.

Las empresas del sector solicitan apoyos e incentivos para la compra de viviendas por particulares, y una mayor agresividad a la hora de canalizar la compra de viviendas para segunda residencia por parte de extranjeros.

Las inmobiliarias han elevado ya estas demandas al Ministerio de Fomento, cuyas estadísticas indican que la compraventa de viviendas se hundió un 30,4% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 74.540 unidades.

En los últimos doce meses (abril 2010-marzo 2011) se vendieron en España 458.748 viviendas, un 1,6% menos que las efectuadas en el mismo periodo anterior.